A más de un año de haberse producido las masacres de Senkata y Sacaba, el Ministerio Público parece haber iniciado por fin el trámite de imputación y procesamiento de las personas responsables de casi tres decenas de muertes. El primer imputado es un general en retiro, que entonces dirigía la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) pero se atribuyó poder de mando sobre la tropa.
Según el documento de imputación al que este diario accedió, el general en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino, en su calidad de director de la ANH, se hizo cargo del operativo militar y policial para el traslado de combustible y gas licuado de petróleo desde la planta de Senkata hasta un cuartel cercano, desde donde se distribuyó a las ciudades de La Paz y El Alto. Esta primera fase, según la investigación, se cumplió con éxito, pero la población alteña volvió a organizarse y amenazó la seguridad de la planta engarrafadora.
Fue entonces, dice el documento, que el general en retiro asumió el mando cual jefe militar activo e instruyó el retorno de seis mecanizados blindados que protegían el convoy de cisternas hasta la famosa planta en el Distrito 8 de El Alto; el Fiscal Departamental de La Paz señaló que la información fue confirmada por militares que estaban en los carros de asalto. Asimismo, se sabe, por las pruebas recolectadas, que los disparos que provocaron los 10 decesos y los heridos provinieron tanto de estos mecanizados blindados como del interior de la planta de Senkata, donde estaban los uniformados.
Se anunció asimismo que se ha ampliado la investigación a los exministros Arturo Murillo (Gobierno) y Luis Fernando López (Defensa), quienes están prófugos en Estados Unidos; se los investiga por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al haber firmado el Decreto 4078, que establece el marco legal para ejecutar ese y otros operativos.
La Defensora del Pueblo ha señalado que la expresidenta Jeanine Áñez también debe ser investigada por ser la primera en firmar dicho decreto, que eximía de responsabilidad penal a los uniformados que participasen en operaciones de “restablecimiento del orden público”, que ya se sabe fueron ejecutados con uso excesivo de la fuerza, si es que no con deliberada saña contra las personas movilizadas. Según la Defensora, al menos 27 personas fueron asesinadas bajo este paraguas legal.
Es previsible que el proceso que acaba de comenzar con la imputación que aquí se comenta sea largo y penoso como cualquier otro, con el agravante de su enorme notoriedad y el perfil político que tiene. Sin embargo, también cabe esperar que las masacres de Senkata y de Sacaba no queden en la impunidad, pues no solo se trata del dolor de decenas de familias sobrevivientes, sino de una poderosa señal que ayude a recordar que no hay nada más dañino para la democracia que las muertes causadas por acción de Estado.
