El Ministro de Gobierno anunció que trabaja en la reestructuración de la Policía Boliviana; el trabajo a desarrollar, explicó, está señalado en un documento de “73 indicadores” presentado en diciembre pasado por el presidente Arce. No es el primer titular de esa cartera en hacer tal anuncio; al parecer la verde olivo es una de las instituciones más reacias al cambio.
Fue en nuestro programa Piedra, papel y tinta, que se transmite vía Internet, donde la autoridad a cargo de la seguridad interna del país afirmó que en la Policía hay tanto cosas buenas como malas. También aseguró que no todo el cuerpo policial se amotinó en noviembre de 2019, sino solo “un grupo” que se hizo “servil al golpe de Estado”. Asimismo, anunció que el Viceministerio de Descolonización presentó 26 demandas contra sendos policías que quitaron la wiphala de sus uniformes.
No es difícil imaginar que, como ha sucedido antes, esos grupos que estuvieron dispuestos a dañar la imagen de toda la institución en 2019 no tendrán reparo en buscar formas de impedir la anunciada reestructuración y cabe preguntarse cuán firme es la voluntad política de verdaderamente transformar esa institución, tarea que seguramente tendrá un costo enorme, no solamente en dinero.
Se ha señalado numerosas veces, en este y en otros espacios de opinión, que síntoma de la corrupción estructural en la Policía eran las denuncias de cobros irregulares, y altamente onerosos para padres y madres de jóvenes aspirantes a la condición de Oficial de Policía, que se conocían año tras año. Si necesitaba corromperse, incluso antes de iniciar su carrera, quien aspiraba a ser un servidor dedicado a combatir el crimen, es poco probable que luego tuviese incentivos para la corrección y la ética.
No solo eso. Las enormes diferencias de ingreso entre oficiales y suboficiales también ha sido fuente de tensión en varias ocasiones; y varias veces se denunció que parte de los sobornos que algunos policías suelen aceptar, alegando que su paupérrimo ingreso les obliga a esos extremos, termina en manos de los jefes en el Comando. No se recuerdan investigaciones y sanciones, como tampoco fehacientes desmentidos.
Tal vez por eso el ministro reconoció en la entrevista que hay “demandas históricas” de los policías que hasta ahora no han sido resueltas, irónicamente pese a que fueron varios los ministros de Gobierno que dijeron preocuparse por la tropa. Resolver esas demandas, tal vez, puede ser un inicio en la recomposición moral de una institución que, desafortunadamente, a muchos les conviene que sea venal.
Será bueno dar a conocer los 73 indicadores de mejora en la Policía Boliviana para hacer seguimiento a las acciones que encare el ministro a cargo de la tarea, pero sobre todo para que la población sepa qué debe cambiar y cómo. Así tal vez sea posible involucrar a la sociedad en la tarea y tal vez darle algo de esperanza en que es posible ese cambio.
