Los procesos históricos nos han enseñado y demuestran que, sin justicia, sin reparación, difícilmente puede cimentarse la paz social. También es evidente que con impunidad no hay democracia. Dicho esto, podemos convenir que existen diferentes formas, algunas distorsionadas, de buscar esa justicia. El tema ocupa hoy el debate boliviano a propósito del denominado caso “golpe de Estado”.
Luego de varias semanas de inacción, el Ministerio Público emitió y empezó a ejecutar en pocas horas una orden de aprehensión contra 10 exautoridades, entre civiles y militares, acusadas por los delitos de “terrorismo, sedición y conspiración”. Entre ellas está la expresidenta provisoria Jeanine Áñez y algunos de sus ministros. El caso tiene que ver con la denuncia por los hechos de octubre y noviembre de 2019, que derivaron en el derrocamiento del expresidente Evo Morales y una forzada autoproclamación.
Como es natural, el tema genera pasiones y posicionamientos políticos irreconciliables: mientras para unos “finalmente se está haciendo justicia por el golpe de Estado”, para otros la acción de la Fiscalía no es más que “una ilegal y arbitraria persecución política”. Hay controversia también en torno a los fundamentos jurídicos de este proceso penal: ¿la expresidenta Áñez puede ser procesada por la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidades?, ¿o se la está juzgando como exsenadora?, ¿con qué evidencia?
Volvamos a la relación entre justicia y democracia. Nadie debiera esperar y menos alentar impunidad ante cualquier acto contrario a la Constitución Política y la Ley, peor si pudiese implicar la ruptura del orden democrático. Claro que la calificación de los hechos supone interpretaciones no siempre inequívocas. En el caso en cuestión, el supuesto que deberá ser demostrado por los denunciantes es que hubo “golpe de Estado”. Y que el mismo fue resultado de acciones de terrorismo, sedición y conspiración.
A reserva de cómo evolucione este caso en los tribunales, en la arena político-mediática y quizás hasta en las calles, quedan en agenda dos cuestiones sustantivas. La primera es un sistema de administración de justicia que, por principio, está bajo sospecha de ser funcional al poder político de turno, a poderes fácticos, al factor dinero. En general, la sensación respecto al desempeño de fiscales y jueces es de desconfianza. Esto es lamentable toda vez que la propia noción de justicia se politiza e instrumentaliza.
La otra cuestión sustantiva es que, si bien la denuncia de golpe de Estado puede ser objeto de interpretación y disputa política, la muerte de compatriotas por acción de la fuerza pública, bajo decreto de impunidad de Áñez y su gabinete, debe investigarse y sancionarse sin más demora y con la mayor severidad prevista en la norma. Aquí la acusación no tiene que ver con algo abstracto como “terrorismo”, sino con personas que fueron masacradas en Huayllani y Senkata. Sin justicia no hay democracia.
