El más inesperado giro en la ofensiva legal para procesar penalmente a las personas involucradas en el caso “golpe de Estado”, vinculado con los actos que derivaron en la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, ha sido el llamado público de la presidenta de la Asamblea Permanente de DDHH de Bolivia a defender a los jefes militares y policiales involucrados.
No es inédito que los jefes de las Fuerzas Armadas del país reciban elogios y apoyo público de personas y grupos de la sociedad civil, incluso si es en casos como los de octubre y noviembre de 2019, cuando la acción de ambas instituciones, en medio de un contexto de descontento social generalizado, provocó la apresurada renuncia del entonces Presidente Constitucional, su Vicepresidente y muchas otras autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, pero sí lo es que la demanda provenga de una institución de defensa de los Derechos Humanos.
El jueves 11, en un mensaje titulado “Comunicado urgente”, la presidenta de la APDHB no solo afirma que “Policía y las Fuerzas Armadas salieron a defender al pueblo”, sino que pide que “se respete nuestra Constitución y todas las leyes a favor de ambas instituciones”. El “grito por la defensa” de los uniformados hecho por la también fundadora de la Asamblea Permanente en 1974 fue claramente escuchado por sus pares, y prácticamente no hubo institución de DDHH que no deplorase el mensaje.
Si bien han sido numerosos los llamados a desarrollar las investigaciones y el subsiguiente trámite judicial, allí donde corresponda, en el marco del debido proceso, a fin de asegurar que se cumpla la acción de la Justicia y no las ansias de venganza de algunas personas, es completamente inédito que desde una institución de DDHH se pretenda impedir la acción de las instituciones llamadas por la Constitución Política del Estado a defender a la sociedad.
Sin embargo, también es cierto que fue inédito el silencio que tanto la presidenta de la APDHB como toda la institución guardaron desde el día que Evo Morales presentó su renuncia hasta poco después de ser posesionado en el cargo el presidente Arce. Mal mirada, esta sorprendente actitud de la institución decana en la defensa de los derechos de las personas, pudiera haberse interpretado como que el gobierno transitorio condujo el Estado en el marco del Estado de derecho. Nada más alejado de la verdad, como pueden demostrarlo abundantes testimonios y evidencia dejada por los perpetradores de los abusos.
No se trata de creer que quien cometió abusos merece recibirlos en igual o mayor medida, sino todo lo contrario: debe ser investigado y procesado de manera tan correcta que no quede duda de la justicia del veredicto y, sobre todo, no haya posibilidad alguna de que se produzca impunidad por errores procedimentales. Eso debió preocupar a la veterana defensora de los DDHH, ya que en su momento no pudo o no supo clamar por las víctimas de Sacaba y Senkata.
