El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se dictaron resoluciones de sobreseimiento a favor de los exvocales de los nueve Tribunales Electorales Departamentales. En casi 16 meses de investigación, la Fiscalía no encontró elementos de prueba para sostener la acusación de “fraude”. Está pendiente la resolución respecto a los exvocales del TSE por el mismo caso.
A las 05.00 del 10 de noviembre de 2019, la Secretaría General de la OEA difundió sus “hallazgos preliminares” sobre las elecciones generales de octubre de ese año (Almagro adelantó sorpresivamente el informe, previsto para el 12 de noviembre). Sobre la base de una conclusión estadística que declaraba improbable la victoria de Evo Morales en primera vuelta, el informe señaló que no podía validar los resultados de los comicios y recomendaba nueva convocatoria con nuevas autoridades electorales.
Ante el informe de Almagro, la Fiscalía General asumió en un comunicado “la presunta existencia de hechos irregulares que se constituirían en ilícitos penales y/o electorales vinculados al cómputo (sic) de los resultados oficiales”. E instruyó el “inicio inmediato” de acciones para el juzgamiento de los vocales del TSE y de los nueve tribunales departamentales. En respuesta a dicha instrucción, la Policía en pleno desplegó en el país la búsqueda y “captura” de las exautoridades electorales.
Poco después, en una oprobiosa conferencia de prensa, el Comandante General de la Policía exhibió como trofeo a la expresidenta del TSE, María Eugenia Choque, y al exvicepresidente, Antonio Costas. Ambas autoridades fueron presentadas enmanilladas bajo custodia de encapuchados de la FELCC. Lo propio se hizo con varios exvocales departamentales. Ni la Iglesia Católica, ni la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ni organismos internacionales se pronunciaron al respecto pidiendo debido proceso.
Se iniciaba así la investigación por el “caso fraude” que, según el fiscal departamental de La Paz —en la misma conferencia de prensa—, tomaría seis meses en su fase preparatoria. En los siguientes días y meses las noticias sobre el hecho tuvieron que ver con declaraciones preliminares de los aprehendidos, nuevas detenciones, inspecciones de reconstrucción, audiencias y otros actos procesales. También se conocieron presiones del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría para acelerar una resolución acusatoria.
Transcurridos 16 meses, la Fiscalía sobreseyó a los exvocales departamentales. El informe final de la OEA, como el mismo relato del “fraude”, engrosaron el debate político. Las elecciones 2019 se declararon “sin efecto legal” y hubo renovación institucional y nuevos comicios. Hoy el caso se cae por “insuficiencia de elementos probatorios para sustentar la acusación”. Resta una pericia informática para definir el futuro de los exvocales del TSE, cuyo error monumental fue haber suspendido la transmisión del hoy enterrado TREP.
