Mientras la “vacunación masiva” contra el COVID-19 se inicia con lentitud y sin un plan claro, el personal médico, que debiera estar en la primera línea del gran desafío de inmunización con las vacunas, sigue en paro. Más todavía: ahora dice que saldrán a bloquear vías. Para algunos es una medida “justa” contra la Ley de Emergencia Sanitaria, para otros es un paro “criminal”.
Luego de una primera fase de vacunación del personal de salud, pacientes con cáncer y con enfermedades renales, este lunes arrancó nominalmente la llamada “vacunación masiva”, que es pública y gratuita. Según el cronograma presentado por el Ministerio del sector, en abril deben vacunarse los mayores de 60 años y las personas con enfermedades de base. Luego el proceso continuará por edades hasta septiembre. Se espera así que en octubre gran parte de la población boliviana esté vacunada.
El inicio de la vacunación este lunes demostró que una cosa son los planes y otra distinta su implementación. Información insuficiente, largas colas de adultos mayores en los centros de salud, falta de vacunas y desorganización muestran que el proceso puede ser no solo lento, sino difícil. Es evidente también que, a este ritmo, difícilmente se cumplirá el cronograma este año. Resulta por ello imprescindible que los diferentes niveles del Estado, sin demoras ni excusas, coordinen un plan eficaz y ordenado.
Las dificultades y limitaciones en el proceso de vacunación contra el coronavirus no son algo exclusivo de Bolivia. Con pocas excepciones, algo similar, o cosas peores, está ocurriendo en varios países por distintas razones. Más allá de temas de recursos, organizativos y logísticos, e incluso de disputas políticas, el problema estructural tiene que ver con la elevada demanda de vacunas y su desigual distribución global. Algunos países están acaparando vacunas mientras otros tienen mínimo acceso.
En el caso de Bolivia, se realizaron importantes gestiones para conseguir vacunas de distintos proveedores. Pero la provisión todavía es incierta. En la parte de implementación del plan de vacunación, hay desencuentros entre el nivel central del Estado y las gobernaciones. No basta que el Gobierno se limite a la entrega de vacunas sin garantizar que los servicios departamentales de salud están en condiciones de realizar la vacunación. Y es deplorable que en plena pandemia el personal de salud esté en paro.
De hecho, un factor crítico en el impostergable proceso de vacunación es la decisión de la dirigencia médica de continuar con su paro. Peor todavía si en lugar de estar en la primera línea de la vacunación, optaron por el bloqueo de vías. Si bien las observaciones del sector a la Ley de Emergencia Sanitaria debieran ser objeto de debate público, y son parte de recursos de inconstitucionalidad, resulta muy difícil justificar un prolongado paro, en cuyo centro está el rechazo a la regulación de precios.
