El martes, un juez estadounidense decidió denegar la moción presentada por el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y su exministro Carlos Sánchez Berzaín para evitar el pago de una indemnización de $us 10 millones a familiares de ocho fallecidos en la masacre de octubre de 2003. Con esta decisión no solo las víctimas se acercan a la justicia, sino también se sienta un precedente.
Años atrás, y con el auspicio del Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por el nombre en inglés), sobrevivientes y familiares de los asesinados en El Alto y Warisata durante las jornadas que luego serían conocidas como “octubre negro” o “guerra del gas”, iniciaron en Estados Unidos una acción civil contra el expresidente y su hombre fuerte demandando una indemnización por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en septiembre y octubre de 2003, cuando al menos 60 personas perdieron la vida a manos de tropas militares.
En 2018 ese proceso concluyó con un jurado ciudadano fallando a favor de las víctimas y determinando el pago de una indemnización, en el marco de la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura (TVPA), pero el tribunal de primera instancia revirtió el fallo alegando insuficiente evidencia. Ante la objeción de los demandantes, el Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito de los Estados Unidos devolvió el caso al mismo tribunal para que continuara con los procedimientos.
El proceso no terminó ahí, sino que los sentenciados pidieron luego la anulación del veredicto del jurado ciudadano, lo cual obligó al tribunal de primera instancia a revisar nuevamente el caso y las evidencias hasta concluir, el 5 de abril último, que los demandantes proporcionaron pruebas suficientes de que en 2003 “los soldados dispararon deliberadamente tiros mortales con una conciencia mesurada de que herirían de muerte a civiles que no representaban ningún riesgo de peligro”, lo que le permitió rechazar la solicitud de los demandados y restituir el fallo imponiendo el pago de la indemnización.
Previsiblemente, los abogados de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín anunciaron que apelarán nuevamente esa decisión, y según la economía jurídica de ese país podrían llegar hasta la Corte Suprema; sin embargo, el abogado que representa a las víctimas no cree que tales recursos puedan prosperar, dada la abundante evidencia presentada. En todo caso, el jurista estadounidense señala que por la gran similitud de lo sucedido en 2003 y en noviembre de 2019, se abre la posibilidad de instaurar un proceso similar contra los exministros de Gobierno y de Defensa del gobierno transitorio.
Queda de todo esto, además de la jurisprudencia que permitirá juzgar a los responsables de otras vulneraciones masivas de DDHH que estuviesen refugiados en Estados Unidos, la certeza de que pese a que la Justicia boliviana ha fallado en condenar a los genocidas, un tribunal extranjero los ha declarado culpables y no habrá nada que puedan hacer para evitar que la historia los registre como tales.
