Con escaso debate, poca información sobre programas de gobierno, ausencia de encuestas de intención de voto y evidente agotamiento, cuatro departamentos van nuevamente a las urnas para elegir gobernadores en segunda vuelta. Así, finalmente, concluye el prolongado y complejo ciclo electoral (2018-2021) en el país. Claro que la agenda democrática y de reforma normativa continúa.
Como está previsto en la Ley del Régimen Electoral (2010), si ninguna candidatura a la gobernación departamental obtiene mayoría absoluta de votos, o al menos 40% con una distancia de 10 puntos sobre el siguiente, procede el balotaje entre los dos candidatos más votados. Este mecanismo de segunda vuelta es igual al vigente en la elección del binomio presidencial. Y fue estrenado en Bolivia en los comicios subnacionales de 2015. Hoy se aplica en La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando.
Si ya llegamos a las elecciones departamentales, regionales y municipales del pasado 7 de marzo con sensación de cansancio, la segunda vuelta de esta jornada pareciera una formalidad. En todo caso, su importancia no es menor. La elección de cuatro gobernadores completará el mapa de las autoridades y representantes electos en las entidades territoriales autónomas. Es la llamada “distribución vertical del poder”. En este caso cuatro candidatos del oficialismo competirán contra igual número de opositores.
A diferencia de anteriores comicios, en este proceso de segunda vuelta no existe información sobre las preferencias de los votantes: no se hicieron, o al menos no se difundieron, encuestas electorales. Hay pues incertidumbre sobre el resultado. Como se sabe, tampoco habrá un sistema oficial de datos preliminares. Por ello, habrá que esperar el cómputo en los cuatro departamentos para saber quiénes ganaron en esta jornada. Ojalá la proclamación de resultados sea más rápida y cierta que en marzo.
Con esta jornada electoral concluye formalmente el ciclo electoral que, en medio de un escenario de crisis y polarización política, permitió elegir democráticamente gobernantes y asambleístas en los diferentes niveles del Estado. El ciclo, por supuesto, deja no solo aprendizajes, sino también importantes retos. Uno de ellos, fundamental e impostergable, es el examen integral de la normativa electoral y sobre organizaciones políticas para su posterior reforma. Quedan en agenda también tareas institucionales.
Claro que el cierre del actual ciclo electoral no significa que la democracia y el ejercicio de derechos políticos queden en suspenso. Desde ya, el TSE anunció que antes de fin de año se realizará un nuevo referéndum de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, con varios casos. También está en calendario, para 2023, la tercera elección de autoridades judiciales. Y será un buen tiempo para fortalecer la institucionalidad electoral, blindar futuros comicios y, ojalá, volver a hablar de democracia intercultural.
