El viejo prejuicio que muestra a la clase política como motivada principalmente por su ambición personal y su codicia, y por tanto proclive a la corrupción y al uso patrimonial de los recursos públicos parece confirmarse cotidianamente con la sucesión de noticias que dan cuenta de nuevos hallazgos de mala gestión de la cosa pública. La corrupción debe ser sancionada.
Inevitablemente, al parecer, las y los principales investigados por estos comportamientos reñidos no solo con la moral y la ética, sino sobre todo con las normas vigentes en el país son los miembros del gobierno transitorio, que en muchas ocasiones no pudieron o no supieron evitar malos manejos, si es que no se beneficiaron de manera personal con ellos.
Así, cada día se conocen nuevos casos que son puestos a consideración del Ministerio Público, que a su vez está obligado a procesar de oficio a quienes son sindicados de haber cometido delitos en el ejercicio del servicio público. Solo esta semana fueron motivo de polémica la revelación de manejos dispendiosos en el Ministerio de Desarrollo Productivo, que incluyeron la contratación de taxis aéreos entre La Paz y Santa Cruz de la Sierra y la acusación contra el entonces Ministro de Gobierno, que intervino la Unidad de Investigaciones Financieras con fines de persecución política.
El Alcalde electo de La Paz, en su condición de exministro de Obras Públicas, también ha sido acusado y está en la mira de la Fiscalía. En todos los casos, las y los sindicados han reaccionado señalando que se trata de persecución política. En los hechos sus vulnerabilidades jurídicas los convierten en sujetos de persecución penal, lo cual facilita los propósitos políticos que pudieran existir en su contra, no al revés.
También afirman estas personas que la persecución penal solo sería legítima si se aplicara contra todas las personas acusadas por delitos de corrupción; el Gobierno, por ahora, exhibe el caso del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, detenido hace pocos días por recibir dinero para favorecer un trámite, como evidencia de que la corrupción es intolerable y debe ser sancionada sin importar la militancia de la persona acusada.
En los hechos, sin embargo, es evidente que cada régimen de gobierno tiende a favorecer a los suyos y a perseguir a los opositores, lo cual quita legitimidad a esas acciones; empeora el panorama la evidencia de que no todos los casos se adecúan al debido proceso, lo cual impide la acción de la justicia y, en extremo, produce impunidad.
Es urgente, pues, que la lucha contra la corrupción se base en sólidos principios y no solo en intereses coyunturales, de tal modo que queden para la historia los esfuerzos por castigar actos ilegales y no solo los intentos de afectar a los adversarios políticos. Seguir en el camino actual solo abona a la crisis endémica del Órgano Judicial y al descrédito de la clase política.
