La celebración del Día de las y los Trabajadores, como ya se ha hecho una costumbre en la última década y media (exceptuando 2020, durante el gobierno transitorio), ha llegado con anuncios de diversas medidas en favor de la clase trabajadora, al menos la asalariada. La actual situación de crisis, sin embargo, obliga a mirar la compleja temática de un modo más abarcador.
En efecto, el acto desarrollado el sábado 1 de mayo en la plaza de armas de Santa Cruz de la Sierra sirvió para que el Presidente del Estado, además de anunciar el incremento de 2% al salario mínimo nacional, recibiera la reafirmación de la lealtad de la Central Obrera Boliviana (COB), que en su condición de institución miembro del Pacto de Unidad (o lo que queda de él) a menudo antepone los intereses del partido en función de gobierno y los grupos que lo componen a los de la clase trabajadora a la que dice representar.
También sirvió el multitudinario acto para que se anuncie la emisión de la Resolución 431/21, del Ministerio de Trabajo, ratificando lo establecido en normas de rango superior: el derecho de las y los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo a la continuidad y estabilidad laboral; además de estipular que la fuerza mayor y el caso fortuito no constituyen causas legales de retiro, lo cual en los hechos dificulta los procesos de despido y cambio de personal en las empresas privadas.
Otros anuncios importantes fueron la presentación de un anteproyecto de Ley Contra el Acoso Laboral, con el cual se busca proteger a los trabajadores de 12 conductas que impongan los puestos jerárquicos contra los trabajadores y prevenir figuras como el abuso de poder, así como el anteproyecto de Ley de Principios del Derecho Laboral y Protección al Trabajo, para ayudar a jueces laborales a tomar decisiones en favor de la clase trabajadora.
Sin embargo, las normas y proyectos de norma presentados cubren únicamente a un porcentaje relativamente pequeño de la población económicamente activa del país. La población que trabaja en las instituciones del Estado, por tratarse de servidoras y servidores públicos, no está protegida por la Ley General del Trabajo, como tampoco lo están las trabajadoras y trabajadores informales, que viven completamente al margen de las garantías y derechos establecidos en la normativa nacional.
De ahí que dos expertos laboralistas consultados por nuestro suplemento Animal Político en su edición de ayer pusieran sobre la mesa de debate el dilema de proteger el empleo ya existente y a la población asalariada o ampliar la base de trabajadoras y trabajadores cubiertos por una legislación incluyente y adaptada a las necesidades del siglo XXI. Es evidente que por lo pronto se asegura la primera opción y queda en el fondo de la lista de pendientes la segunda. En el camino queda una deslucida celebración del 1 de mayo y la certeza de que es mucho lo que debe hacerse.
