Seguramente fue muy humillante para la postulante al Tribunal Agroambiental en Trinidad ser encontrada con las respuestas a un examen de competencias que rendía anotadas en la palma de su mano. Se ha pedido una sanción ejemplar para esta profesional del Derecho que pretendía llegar a un elevado cargo de la Justicia haciendo trampa, pero el caso no es más que un síntoma.
Así lo debe haber entendido el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, del Ministerio de Justicia, que hace un mes observó diversas irregularidades en la administración de exámenes de competenecias a las y los postulantes a jueces agroambientales, incluyendo el ya señalado caso de Trinidad. El 10 de mayo se informó oficialmente de la anulación del proceso y días atrás la Viceministra de Transparencia pidió una sanción ejemplar contra la postulante tramposa.
Pero detrás de la anulación del proceso, que no puede quedar simplemente inconcluso por lo que deberá reencauzarse, hay una estructura que revela sus deficiencias y pone en cuestión la ética no solo de quien ese 15 de abril decidió acudir a una práctica propia de los años escolares y no de alguien que pretende dictar justicia, sino de gran parte del gremio y de las autoridades. Solo para comenzar, alguien tiene que haber facilitado a la postulante las respuestas al examen; a ella y quién sabe a cuántas otras personas más.
El caso muestra el tamaño de la erosión moral en este Órgano del Estado, a donde ya no se accede por alcurnia o tradición familiar, como ocurrió durante casi toda la historia republicana, ni mucho menos por mérito profesional, sino a través de una bien lubricada maquinaria de favores y atajos, que seguramente tienen precio, tan alto como el cargo al que se pretende acceder.
Como en otras ocasiones, los cuestionamientos son dirigidos al Consejo de la Magistratura, entidad responsable del funcionamiento y la moral del Órgano Judicial, que a menudo es señalada como incapaz de cumplir su propósito; la Cumbre de Justicia de hace ya varios años sirvió para evidenciar que el problema es mucho más serio que la sola voluntad de quienes trabajan en ese ámbito.
De esa cumbre emergió una serie de recomendaciones, que ni siquiera por ser tan genéricas mereció interés ni mucho menos prisa de las autoridades llamadas a implementarlas. La dificultad para seleccionar personas idóneas para administrar justicia está no solo en la escasez de éstas, sino también en la falta de idoneidad de la forma de selección.
Seguramente a nadie le cabe duda que el Órgano Judicial requiere una transformación seria y profunda; lo que no queda claro es qué tan urgente es hacerlo. Allí donde hay miles de litigantes sufriendo bajo una burocracia corrupta, hay intereses, pocos tal vez, puntuales, que se sirven de la ineficacia de ese sistema y sus contradicciones para lucrar, económicamente, pero también políticamente.
