Un reciente reporte del Ministerio Público ha develado que en lo que va del año se han registrado casi 17.000 casos de violencia contra mujeres, adolescentes, niños y niñas, una cifra de por sí escalofriante que muestra el estado de cosas en una sociedad que por lo visto se rehúsa a abandonar prácticas de disciplinamiento que depauperan la calidad de vida de todas y todos.
El reporte señala que entre el 1 de enero y el 16 de mayo de 2021 se registraron 16.930 hechos de agresiones contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, es decir, un promedio de 124 casos cada día. Como siempre que se observan estos datos, cabe preguntarse por la verdadera magnitud del problema considerando que no todos los casos son denunciados.
El detalle de las cifras arroja otros datos que alimentan la preocupación: en el periodo señalado, el delito de violencia familiar o doméstica fue denunciado 13.866 veces; no menos preocupante es saber que se registraron 677 casos de violación a niñas, niños o adolescentes. La Fiscalía informó que hasta el martes 18 de mayo se había denunciado 47 feminicidios en el país, mientras que se contaron 11 infanticidios.
Geográficamente, las cifras de la violencia se reparten así: en Santa Cruz 6.455 casos reportados; le siguen La Paz con 3.178; Cochabamba con 2.500; Tarija, 1.495; Potosí, 1.202; Chuquisaca, 885; Beni 595; Oruro, 475 y Pando, 147. No está de más señalar que las enormes diferencias en el número de casos tiene que ver, por una parte, con el tamaño de la población en cada departamento y, por la otra, con la mayor o menor presencia de la Policía y el propio Ministerio Público.
Numerosos estudios se han realizado, antes y después de la promulgación de la Ley 348 y de su muy demorado decreto reglamentario, buscando respuesta a la pregunta de por qué es tan extendida la violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños. En la mayoría de los casos, la impunidad aparece como una de las principales causas, junto con los rasgos de un saludable sistema patriarcal, que todavía hoy naturaliza la opresión de quienes son consideradas débiles e inferiores.
La impunidad, por su parte, tiene origen en infinidad de defectos y errores en las instituciones llamadas a combatir la violencia, sea desde el ámbito penal o del educativo; en este último debemos incorporar a los medios de comunicación, que combinan, no siempre a partes iguales, mensajes publicitarios contra la violencia con noticias y enfoques noticiosos que terminan por justificar los crímenes y culpabilizar a las víctimas.
Hay, pues, mucho por hacer y no es la primera vez que se lo dice desde este espacio. Tal vez lo más sensato sea lamentar menos las fallas de las instituciones y poner más atención en la formación de las nuevas generaciones, pues con planes y programas bien pensados e implementados es posible soñar que mañana habrá adultos que sepan rechazar la violencia, contra sí mismos y contra las y los demás.
