En la difícil lucha colectiva contra el COVID- 19, el gobierno del presidente Arce ha optado por una estrategia que privilegia el convencimiento en lugar de la represión. En ese marco se entiende la decisión de que la Policía no aplicará “multas económicas o detenciones indebidas” por incumplimiento de restricciones determinadas a nivel subnacional. Hay un falso debate al respecto.
La tercera ola de la pandemia por coronavirus, que lleva nuevamente al límite la emergencia sanitaria en el país (más o menos crítica que en otros lugares de la región y del mundo), provocó que algunos gobiernos municipales impongan restricciones a la población. Estas medidas (límites de horarios, días de confinamiento) buscan limitar el número de contagios, que registraron sus picos más altos en los últimos días. Con deplorables excepciones, en general la ciudadanía acata las prohibiciones establecidas.
En ese marco, el Gobierno nacional ha señalado con claridad que optará por un enfoque que no restrinja libertades ni derechos. Descarta también acciones drásticas como una cuarentena. Así, la apuesta principal, además de la todavía limitada vacunación masiva y la realización de pruebas rápidas, es la concientización de la ciudadanía. Se espera que las medidas de autocuidado (uso de barbijo, distanciamiento físico, higiene de manos) sean la barrera mayor contra los contagios. No siempre es así.
La decisión gubernamental busca diferenciarse claramente del enfoque adoptado por el régimen provisorio de Áñez, que privilegió las cuarentenas (rígida y “dinámica”), el uso disuasivo o represivo de la fuerza pública y, en el extremo, apelaciones religiosas. Están frescas en la memoria la presencia militar en las ciudades y controles policiales que derivaron en detenciones arbitrarias, encarcelamientos, extorsiones y abusos. En tal régimen primaron acciones de fuerza en lugar de criterios sanitarios.
Ciertos actores políticos de la oposición y sus operadores mediáticos critican que el Gobierno no autorice la aplicación de “multas económicas y detenciones indebidas” por parte de la Policía. Señalan también que no hay liderazgo en la lucha contra la pandemia y que la estrategia oficial es más bien errática. Pareciera que la apuesta es utilizar políticamente la crisis sanitaria para golpear la legitimidad del Gobierno. Algunas autoridades subnacionales, en cambio, han optado por la necesaria coordinación.
Es evidente que la opción oficial por el autocuidado sin uso de la fuerza pública puede verse como inacción y que la campaña de vacunación, por diferentes razones como una débil labor comunicacional, tiene un alcance todavía restringido. Resulta por ello fundamental que, más allá de los cálculos e intereses políticos de unos y otros, el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, el sector público y el sector privado, converjan sin matices en el imperativo de preservar el derecho a la vida.
