En medio de la persistente polémica sobre el derrocamiento del expresidente Morales en noviembre de 2019, que desde el oficialismo y el MAS se califica como “golpe de Estado”, surge ahora el debate sobre el “segundo golpe”. Según una revista internacional, se trataría del intento fallido de evitar por la fuerza, el año pasado, la posesión del electo presidente Luis Arce.
En un amplio reportaje firmado por los periodistas Laurence Blair, especializado en América Latina, y Ryan Grim, ganador del Premio Pulitzer, la revista de investigación periodística The Intercept reveló que el exministro de Defensa del régimen de Áñez, Luis Fernando López, “planeaba un segundo golpe usando mercenarios estadounidenses”. La proyectada misión estaría orientada a evitar que el binomio presidencial del MAS, ganador de las elecciones 2020 con mayoría absoluta de votos, asuma el cargo.
De acuerdo con dicho reportaje, López esperaba que mercenarios estadounidenses, que llegarían al país camuflados de contratistas privados, coordinen un levantamiento para “no permitir el Gobierno de Arce”. Según la voz del exministro, “el mensaje de lucha” sería que quieren reemplazar a las FFAA y a la Policía por milicias cubanas y venezolanas. Las fuentes de la revelación son grabaciones de llamadas telefónicas, correos filtrados y militares estadounidenses que “se enteraron del complot golpista”.
Más allá de que el “segundo golpe de Estado” (intento, más bien) haya sido un deseo de López y del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, o realmente se trató de un operativo planeado, preocupa la sola posibilidad de complotar contra gobiernos electos en democracia con la participación de la fuerza pública y, peor, de mercenarios extranjeros (en este caso, hasta 10 mil hombres armados traídos desde Miami, lo cual es claramente un “número absurdo” muy difícil de creer).
Respecto al reportaje difundido por los periodistas de la revista The Intercept, debe recordarse que antes de la posesión del presidente Luis Arce, grupos antidemocráticos, más bien minoritarios, hicieron vigilia en cuarteles pidiendo, de rodillas, que una junta militar asuma el gobierno. No aceptaban la contundente victoria electoral del MAS bajo el supuesto de “segundo fraude” (sic). Y claro que estas personas, mal llamadas “activistas”, hubieran aplaudido, en su caso, la misión mercenaria.
A reserva de la investigación de oficio iniciada por la Fiscalía sobre el supuesto “complot golpista”, que por ahora involucraría al exministro López y al excomandante Orellana —ambos prófugos de la Justicia boliviana—, el asunto podría ser útil para alentar el necesario debate público acerca del mandato constitucional de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. Es fundamental reafirmar que en democracia ambas instituciones, como tales, no realizan acción política y están sujetas a las leyes.
