Ha comenzado ayer, en Chile, la Convención Constituyente, el órgano llamado a elaborar una nueva Constitución Política del Estado que reemplace la impuesta por Augusto Pinochet luego del golpe de 1973. En el país donde menos se esperaba una transformación tan radical, 155 representantes del pueblo tienen en sus manos el reto de hacer realidad el sueño de un mejor país.
Fue el 25 de octubre de 2020, días después de la elección en Bolivia, que un plebiscito nacional aprobó la opción de elaborar una nueva Constitución Política, que reemplazará la aprobada en 1980 por el dictador Pinochet y que, entre muchos otros candados que se pusieron, tenía el que prohíbe la realización de plebiscitos, como el de ese día, o el que a inicios de la década de 1990 obligó al corrupto dictador a dimitir, cosa que también estaba prohibida, y convocar a elecciones.
Además, en esa votación, la opción mayoritaria fue la de habilitar la Convención y de darle a sus miembros la opción de comenzar de cero, con el único mandato de preservar la forma republicana; las decisiones, es otro de los acuerdos de partida, serán siempre por dos tercios, y el trabajo deberá terminar en un plazo de entre nueve y 12 meses a contar desde ayer.
El primero de los gestos que tuvo ayer el cuerpo colegiado de 155 personas fue posponer el inicio de las actividades por unas horas, debido a que fuera del Palacio Pereira, sede de la Convención, había una trifulca entre manifestantes y miembros de la temible Policía chilena. El siguiente fue elegir a una mujer, representante del pueblo mapuche, como presidenta de la Convención.
En su discurso inicial, la presidenta, académica y dos veces doctora, hizo un reconocimiento a la diversidad sexual y a “las mujeres que caminaron contra todo sistema de dominación”. Prometió que se ejercerá “una manera de ser plural, una manera de ser democráticos, una manera de ser participativos”, para transformar al país en “un Chile Plurinacional, intercultural”.
Se trata, además, de una transformación hasta hace pocos años impensada (el presidente Piñera dijo que su país no era como Bolivia o Perú) que ha permitido, por fin, una representación menos ajena a la realidad social y económica de un país de gran crecimiento y desarrollo, pero también de profundas inequidades y de un racismo que hasta hace muy poco tiempo negaba y desconocía casi por completo su herencia originaria.
Es previsible que la tarea de las y los 155 convencionales no será fácil y estará llena no solo de pequeños y grandes conflictos en el esfuerzo de desmontar uno de los Estados más parecidos al sueño neoliberal, sino también llena de las amenazas de aquellos grupos dispuestos a todo antes que a permitir un país y un Estado más igualitarios y más inclusivos. La experiencia de los países vecinos, comenzando por Bolivia, debe ser faro y guía, sobre todo para identificar qué errores deben ser evitados.
