A diferencia de su locuaz declaración ante la Fiscalía en el denominado caso Golpe de Estado, por el cual guarda detención preventiva, la expresidenta Áñez optó por el silencio cuando le tocó declarar en la proposición acusatoria para un eventual juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas al inicio de su régimen provisorio. La acusación principal es por genocidio.
En noviembre de 2019, tras el derrocamiento del expresidente Morales y la autoproclamación de Áñez, la fuerza pública reprimió con violencia dos manifestaciones de protesta. La primera fue en Sacaba, a la altura del puente Huayllani, con el propósito de frenar el paso de una marcha cocalera hacia la ciudad de Cochabamba.La segunda fue en Senkata, ciudad de El Alto, para romper un bloqueo que impedía el paso de combustibles. Al menos 20 personas perdieron la vida, todas por impacto de bala.
Un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó los hechos de Sacaba y Senkata como masacres. Un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard es elocuente desde su título: “Nos dispararon como animales”. Y un informe de la Defensoría de Pueblo habla de “delitos de lesa humanidad”.El gobierno de Áñez y sus operadores mediáticos difundieron el relato de “fuego cruzado” en Sacaba y “riesgo de voladura de la planta de gas” en Senkata.
“Soy una persona de fe, que no ordenó la muerte de ninguna persona”, afirmó Áñez tras anunciar que se abstenía de declarar.“Otros generaron la violencia”, cerró en el mensaje difundido en sus redes sociales, mezclando los hechos de Sacaba y Senkata con actos violentos, todavía en impunidad, previos a su gobierno (muertes en Montero y quema de domicilios y buses).Si bien la expresidenta no mandó a matar, firmó un decreto amparando los operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.
Un día antes de las muertes en Sacaba, Áñez y sus ministros (algunos hoy en prisión preventiva, otros fugados del país) emitieron el Decreto Supremo 4078, que en esencia autoriza la intervención de la fuerza pública para el “restablecimiento del orden interno” y exime de responsabilidad penal a los militares que participen en los operativos.Con ese decreto actuaron las Fuerzas Armadas en Sacaba y en Senkata, empleando “todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos”. El mandato es claro.
A reserva de la investigación que está realizando el Ministerio Público, cuestionado por la oposición, así como el informe que pronto presentará el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, libre de sospecha de parcialización o injerencia, es imprescindible para la buena salud de la democracia y del Estado de Derecho en Bolivia el esclarecimiento y sanción de todas las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la coyuntura crítica del año 2019.La exigencia se llama justicia.
