En la ciudad de El Alto, seis de cada 10 edificaciones se han levantado de manera ilegal. Eso explica en gran medida el desorden arquitectónico que se aprecia en sus zonas principales: 12 de Octubre, Villa Dolores, Santiago Primero, Ciudad Satélite, 16 de Julio, Alto Lima y Ballivián; tiene el agravante de que la norma de asentamientos y uso de suelos data de 1996.
El ejemplo más reciente de la arbitrariedad que caracteriza a una parte de propietarios y constructores es el del edificio levantado cerca de una de las pistas del Aeropuerto Internacional de El Alto, con cinco pisos más de lo aprobado, lo cual llegó a afectar las operaciones de despegue y aterrizaje y solo fue remediado después de un proceso penal que concluyó con la instrucción de demoler los pisos excedentes.
Pero esa persona no hizo nada diferente de lo que hace gran parte de quienes poseen terrenos en la ciudad y recursos para edificar. Desde hace décadas que la apuesta del desarrollo urbano alteño ha estado en edificaciones de varios pisos, sometidas legalmente a criterios de hace un cuarto de siglo, pero cuyos constructores prefieren ignorar, para luego “regularizar” cuando el abuso ha sido cometido.
Una exdirectora municipal de Catastro confirma este dato y recuerda que entre los propietarios de inmuebles, “la mayoría no tiene sus planos aprobados” por el gobierno municipal y que “hacen la construcción y posteriormente quieren hacer la legalización”. No es difícil imaginar la cadena de órdenes, contraórdenes y otros mecanismos burocráticos que posibilitan la “regularización” de esos trámites y la legitimación de cualquier incumplimiento de la norma.
Servidores del gobierno municipal alteño en la anterior gestión recuerdan que entonces se inició un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que posibilitará la actualización de la norma de Uso de Suelos y Patrón de Asentamientos (USPA). Las actuales autoridades dicen estar todavía conociendo el cargo y prefieren no hablar del tema. Lo cierto, sin embargo, es que sincerar la realidad urbanística de El Alto posibilitará identificar de mejor manera fuentes del ingreso fiscal.
Mantener el estado de cosas como está solo abonará a la ética del abuso de quienes más recursos tienen, y el de quienes tienen el mandato de imponerles controles y que al carecer de fuerza de ley para imponer la norma, terminan cediendo a presiones habitualmente acompañadas de dinero. No es el único gobierno municipal en el que tal práctica es cotidiana, y el recambio de servidoras y servidores probablemente no servirá para erradicarla.
El estado de la norma de construcciones y uso de espacio urbano alteño es el indicador evidente del estado de cosas en la organización cívica de esa ciudad; no basta con autoridades más o menos firmes para legislar e implementar la norma, urge una ciudadanía que sea consciente de la importancia de respetar el bien ajeno, pero sobre todo el bien común. Es el camino democrático.
