El denominado caso Fraude dejó de ser caso esta semana con la decisión de la Fiscalía de optar por el sobreseimiento de los exvocales del TSE. Lo mismo había ocurrido previamente con las exautoridades de los nueve tribunales electorales departamentales. Así se cierra, al menos legal y formalmente, este capítulo de la disputa política en torno a la coyuntura crítica de 2019.
La acción penal sobre un presunto fraude, hoy descartado, en los comicios generales de 2019 se inició el 10 de noviembre de ese año con el respaldo de un informe preliminar y se cerró 20 meses después, nada menos, al amparo de una pericia. En ambos casos con el protagonismo de actores internacionales. El caso se inició con la arbitraria detención de todos los vocales electorales, exhibidos con manillas, como trofeo, por el entonces comandante de la Policía Boliviana. Hoy se cierra con su exculpación.
El antecedente del caso se sitúa antes de los comicios generales, cuando desde la oposición política y mediática se construyó por anticipado la narrativa del “fraude”. La bandera de origen tiene que ver con el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, cuyo resultado fue desconocido por el expresidente Morales mediante un atajo operado por el Tribunal Constitucional. Debe recordarse que la semana previa a la votación varios cabildos declararon que no reconocerían el resultado si ganaba el MAS-IPSP.
A modo de profecía autocumplida, la oposición derrotada en las urnas proclamó “fraude monumental”, aprovechando el imperdonable error de los vocales del TSE de suspender la difusión del sistema de resultados preliminares (TREP) la misma noche de los comicios, y habilitarla al día siguiente con un resultado que anticipaba la victoria de Morales en primera vuelta. La movilización opositora contra el “fraude” fue inmediata y se estrenó con la quema de cinco tribunales electorales, dificultando el cómputo oficial.
Por un curioso extravío, el Gobierno solicitó a la OEA una auditoría vinculante del proceso. Dejaba en manos del cuestionado Almagro la decisión sobre la transparencia de los comicios, invalidada por anticipado por su misión de observación electoral. El “análisis de integridad electoral” emitió un informe preliminar la madrugada el 10 de noviembre, como estocada final a los comicios. Así, lo que al principio era demanda de segunda vuelta devino en consigna de nuevas elecciones y renuncia de Evo.
Veinte meses después, una pericia contratada por la Fiscalía General del Estado a la Universidad de Salamanca emitió un veredicto terminante: se constata negligencia, pero no manipulación dolosa de datos. En otras palabras: no hubo fraude. Claro que la disputa política y de relatos continúa. El oficialismo celebra, la oposición está empeñada en descalificar al mensajero. El caso Fraude ya no es caso. Queda en agenda judicial el caso Golpe. Y la necesaria reconciliación, de suyo difícil, se hace más distante.
