En los últimos meses, la salud de la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, estuvo en la agenda informativa y de opinión. Hoy es un tema de disputa política, convertido en campaña por actores de la oposición y sus operadores mediáticos. Mientras siga en prisión preventiva, el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de preservar la salud y la integridad de Áñez.
Luego de su detención en marzo pasado, la expresidenta fue recluida en un centro penitenciario de mujeres, en la ciudad de La Paz. Se la acusa, entre otros delitos, de sedición, conspiración y anticipación y prolongación de funciones en el denominado caso Golpe. Diversos recursos para lograr detención domiciliaria (“casa por cárcel”, como dice ella) fueron rechazados por la administración de justicia. Su situación se agrava con juicios de responsabilidades en curso por acciones en el ejercicio del cargo.
Desde la captura de Áñez, que según fuentes oficiales tenía un plan de fuga a Brasil, diferentes voces demandan respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. La realidad, como constató el informe del GIEI, es que policías, fiscales y jueces obran de manera arbitraria, a tenor del poder de turno, violando derechos fundamentales de las personas. Así ocurrió con las más de 1.500 detenciones ilegales durante el régimen de Áñez, incluidas muchas mujeres (“cacería”, las llamó su exministro Murillo).
Como principio, con pleno apego a los derechos humanos, el Estado debe preservar la integridad de todas las personas privadas de libertad: sin excepciones, sin privilegios. Ello incluye el cuidado de la salud física y mental. En el caso de Áñez, su estado de salud se ha convertido en objeto de disputa política. Los diagnósticos, la medicación, diferentes exámenes, en fin, son objeto de polémica y de reflectores mediáticos. La oposición está haciendo una campaña sistemática de victimización con el tema.
En una situación tan delicada, que polariza, se espera que la valoración continua sobre la salud de la expresidenta sea realizada por profesionales y especialistas competentes, no por políticos ni comandantes policiales ni abogados. También es importante el seguimiento que realizan entidades libres de sospecha de parcialización, como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. No cuenta el activismo político selectivo, como el que hace por ejemplo la señora Amparo Carvajal.
Como sea, asumiendo el imperativo de preservar la integridad y la salud de Áñez, nada de ello equivale a negar que existe en el país una exigencia de justicia como condición inequívoca para la reconciliación tras la crisis de 2019. La violación masiva de derechos humanos en ese periodo, incluidas masacres, ejecuciones sumarias y torturas demostradas por el GIEI, debe ser investigada y sancionada. La depresión, por muy severa que sea, no es causal para evitar un juicio de responsabilidades.
