La polarización tiene un efecto empobrecedor sobre el debate público que debería preocuparnos. Es casi imposible conversar cualquier cuestión de política pública sin que algún vocero o político no termine transformándola en un ejercicio de falsedades y agresiones conta el adversario. Basta ver el tono patético de la discusión sobre la asignación al país de $us 326 millones por el FMI.
A veces son las cosas banales y no tan épicas las que mejor revelan el estado espiritual de la nación. Es una muy mala señal que hasta en cosas que no deberían generar mayor ruido, la discusión pública tiende a desbordarse, mostrando la faceta más pequeñita de la política y de la convivencia cívica.
Este comentario viene a propósito del poco edificante debate que se está produciendo por la distribución que ha realizado el Fondo Monetario Internacional a todos sus países miembros, entre los cuales está Bolivia, de aproximadamente $us 650.000 millones de liquidez en consideración de la situación de crisis que se está viviendo en el planeta.
El mecanismo para esa operación consiste en distribuir ese monto, bajo la forma de Derechos Especiales de Giro (DEG), a todos los Estados miembros de esa entidad en proporción a las cuotas actuales relativas con las que ya cuentan. Hay que recordar que Bolivia tiene desde hace muchos años un monto de DEG al ser parte del FMI. El Fondo afirma en su comunicado que “son los países miembros los que tomarán la decisión sobre la mejor manera de utilizarlos”. Es decir que no hay condicionalidad en esta asignación. Debido a esa política global, el país ha recibido $us 326,4 millones adicionales que refuerzan sus reservas.
A priori, todos deberíamos estar satisfechos de esta decisión que muestra un esfuerzo solidario de la comunidad global para aliviar la liquidez mundial. Pero, en nuestro país la cuestión ha derivado en una extraña, pintoresca y francamente inútil gresca verbal entre opositores y oficialistas sobre las supuestas “implicaciones” de esta cuestión.
Los argumentos de algunos analistas y legisladores opositores se concentran en asimilar esta operación al préstamo que obtuvo el año pasado el gobierno de Áñez y que fue anulado por el actual Órgano Ejecutivo. Para eso se recurre a argumentos inexactos, medias verdades y en algún caso a actuaciones bochornosas en las redes sociales que al final revelan que el objetivo no es reflexionar sobre la política financiera de la nación, sino que es el enésimo ejercicio de denostar al adversario político. En suma, una discusión banal en su fondo, pero estridente y decadente en su forma.
La política, otra vez, se distrae en cosas que la mayoría de los ciudadanos entienden poco y que en ninguna parte del mundo generan mayor discusión. Eso no sucedería si no estuviéramos tan contaminados por la confrontación y por la idea degradada de que se debe complacer a los radicales y a los peores sentimientos de algunos sectores sociales.
