Cada vez más voces ponen en cuestión el “análisis de integridad electoral” realizado por la OEA sobre los comicios de 2019 en Bolivia, cuyo informe preliminar precipitó el derrocamiento del expresidente Morales. Se cuestiona el alcance, la consistencia y, por tanto, la validez de dicho trabajo del equipo de Almagro. La oposición, en tanto, lo asume como evidencia de su narrativa de “fraude”.
El análisis de integridad electoral, mal calificado como “auditoría”, se realizó a solicitud del propio gobierno de Morales, como un recurso para superar la crisis poselectoral. Los opositores en pleno lo rechazaron y descalificaron de antemano. Así, fue objeto de sospecha y de polémica desde el inicio mismo de su elaboración. Como sea, se esperaba que dicho análisis diera certidumbre sobre los resultados de la votación, que según el cómputo oficial del TSE dio como ganador al MAS-IPSP en primera vuelta.
Más que brindar alguna certeza, el informe de Almagro fue utilizado como instrumento político para desconocer el resultado de las elecciones, a tono con la sentencia previa emitida por la Misión de Observación Electoral de la OEA al día siguiente de los comicios, sin esperar el cómputo conforme a los plazos y procedimientos legales. Sus “hallazgos preliminares”, difundidos de madrugada el 10 de noviembre de 2019, marcaron un quiebre en la crisis político-institucional en torno al proceso electoral.
Si el informe preliminar se adelantó —debía ser presentado el 12 de noviembre—, el informe final se atrasó hasta su difusión en diciembre. El documento identifica indicios, errores, irregularidades graves y “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección” (no afirma que lo manipularon, sino que buscaron hacerlo). Sobre esa base, concluye que no puede validar los resultados de la elección y recomienda un nuevo proceso. Esta vez, el análisis de Almagro fue celebrado por la oposición.
Si bien algunos análisis posteriores reafirman los hallazgos del equipo contratado por el secretario general de la OEA, otros tantos los cuestionan y rebaten técnicamente. Se observa en especial que la parte sustantiva de la “auditoría” se haya concentrado en el TREP, un sistema con fines exclusivamente informativos. Se esperaba que el informe de Almagro verificara el cómputo basado en las más de 33.000 actas en papel. Pero solo revisó una muestra, encontrando “irregularidad de interés pericial” (sic) en 226.
Más allá del vano debate sobre si el “análisis de integridad electoral” de marras es o no una auditoría (según el exvocal Antonio Costas, se trata de un informe “muy superficial, sesgado y sin ningún fundamento”), es necesario que las y los bolivianos cerremos este capítulo con certidumbre y aprendizajes sobre un proceso electoral precluido. Que una autoridad haga hoy recuento de actas no parece la mejor vía. Quizás sea necesario, más bien, realizar una auditoría independiente de la “auditoría”.
