La demora e incertidumbre sobre los juicios contra la expresidenta del régimen provisorio Jeanine Áñez expresan no solo disputas entre el MAS-IPSP y la oposición, sino también divergencias internas en el oficialismo. Así, mientras las fuerzas opositoras ponen condiciones, en el masismo discuten los caminos. La necesaria reconciliación depende del curso que sigan estos procesos.
A estas alturas, parece claro que el caso Golpe, que se tramita por la vía ordinaria, permitió al oficialismo ganar tiempo en tanto se preparaban las condiciones para un juicio de responsabilidades. Áñez y los suyos están acusados por seis delitos penales: terrorismo, sedición, conspiración en el grado de complicidad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y anticipación y prolongación de funciones. Nada menos. Como sea, el dato inequívoco es la decisión de enjuiciarlos.
Más allá de cómo avance, en la cuestionada justicia, el caso vinculado a la ruptura del orden constitucional de noviembre de 2019, y sus narrativas irreconciliables, la cuestión crítica hoy son los juicios de responsabilidades. ¿El MAS-IPSP mantendrá su decisión inicial de enjuiciar a Áñez conforme al procedimiento establecido para una expresidenta? Si así fuese, ¿logrará un acuerdo político con las alianzas opositoras (CC y Creemos) para conseguir la mayoría especial requerida en la Asamblea Legislativa?
Al respecto, un dato importante es que las proposiciones acusatorias contra Áñez forman parte de un grupo amplio de juicios de responsabilidades, algunos pendientes desde hace casi dos décadas. Así, aparte de los cuatro procesos contra Áñez (crédito FMI, decreto contra la libertad de expresión, Fundempresa y masacres de Sacaba y Senkata), hay otros veinte juicios ya encaminados, incluido el polémico caso Quiborax contra el expresidente Mesa. Se espera un acuerdo sobre todos ellos. Parece difícil.
Claro que la decisión principal está en la cancha del oficialismo, donde hay criterios divergentes. Mientras unos, como el titular del Ministerio de Justicia, impulsan los juicios de responsabilidades contra la expresidenta provisoria; otras personas, como el exministro Romero y la misma denunciante Lidia Patty, aseguran que no corresponde un juicio de privilegio contra Áñez, pues implicaría reconocer su presidencia de facto. La alternativa es enjuiciarla por la vía ordinaria, como ya ocurre con el caso Golpe.
En tal escenario, que requiere prontas decisiones políticas del oficialismo y de la oposición, el camino de reconciliación y reencuentro que espera el país pasa por investigar, enjuiciar con debido proceso y sancionar a todos los responsables de la vulneración masiva de derechos humanos del período septiembre-diciembre 2019, conforme a las recomendaciones del Informe del GIEI. Los intereses políticos y cauces judiciales deben ceder paso al imperativo de verdad, justicia, reparación y no repetición.
