Hace menos de dos semanas, en el inicio del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Secretario General del organismo multilateral puso como primer tema de debate la necesidad de una “arquitectura de deuda internacional reformada y más equitativa”, pues los países necesitan recursos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“La iniciativa de suspensión del servicio de la deuda debe extenderse hasta 2022 y debe estar disponible para todos los países vulnerables y de ingresos medios muy endeudados que la soliciten”, dijo en su discurso inaugural ante decenas de jefes de Gobierno y de Estado reunidos en la sede de la ONU, y tuvo eco entre muchos mandatarios, incluido el boliviano, quien en su discurso ante la Asamblea también tocó el tema.
El Presidente boliviano propuso el establecimiento de acuerdos con organismos internacionales que permitan un refinanciamiento o el alivio de la deuda externa y la aplicación de políticas sociales “para poblaciones en situaciones de vulnerabilidad desde un enfoque de desarrollo integral y sostenible”. La idea es común a varios Estados miembros de la ONU, especialmente aquellos de ingresos bajos y medios.
La lógica del pedido boliviano radica en que las naciones en vías de desarrollo afectadas por la crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 no cuentan con recursos financieros para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 en una cumbre de la ONU.
En el caso boliviano, ha informado el Banco Central de Bolivia que la deuda externa del país asciende a $us 12.525 millones, equivalentes al 30,9% del Producto Interno Bruto (PIB). El ente emisor afirma que esta proporción está por debajo de los umbrales de carga de deuda referenciales de organismos internacionales y mucho más con relación a países desarrollados cuya deuda supera con creces el 100% de su PIB, como EEUU y España, entre otros.
Coinciden con la necesidad de encontrar alguna forma de alivio a la deuda el presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia y un exministro de Economía. Este último aconseja desarrollar, además de una estrategia de negociación con los acreedores, una política para administrar los recursos; añade que es necesario combinar políticas de corto plazo con visión a largo plazo.
El Embajador de Bolivia ante la ONU ha explicado que se trata de una iniciativa de los países de bajos y medianos ingresos, lo cual habla de la potencia del multilateralismo a la hora de trabajar por causas comunes que afectan a los países, y tener grandes posibilidades de prevalecer, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores. También habla de una conciencia global respecto de las dificultades inherentes a conquistar, en menos de una década desde ahora, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en un mundo crecientemente desigual e injusto.
