Existe un acuerdo general sobre la pertinencia de combatir a la criminalidad organizada en el mundo, evitando que pueda esconder y regularizar sus ganancias ilícitas, pero también se plantea de forma recurrente que estos procesos deben ser llevados a cabo en un marco jurídico claro que garantice los derechos de los ciudadanos. Son premisas razonables que deberían guiar la discusión de estas cuestiones en el ámbito legislativo, sin caer en dramatizaciones mediáticas innecesarias.
En estos días, se discute una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que está generando gran polémica y que ha derivado en amenazas de conflicto social. Como ya es usual, la controversia está siendo instrumentalizada por algunos sectores para atizar la confrontación entre fuerzas oficialistas y opositoras.
Al final, el fondo de una problemática compleja está quedando opacada por la proliferación de inexactitudes, interpretaciones exageradas y posiciones a priori. Hay escasa reflexión sobre su necesidad, alcance y sus efectos si se aprueba, pero también en el caso de que se archive.
Sobre el primer punto, hay bastante consenso en que una lucha eficaz contra el crimen organizado, la evasión de impuestos y la informalidad de gran escala pasa por reforzar los mecanismos de supervisión de las transacciones financieras. Inevitablemente eso implica aumentar el poder y capacidades de las instancias regulatorias, de control y de investigación de estos movimientos.
En ese sentido, el rechazo de esas normativas por algunos sectores resulta contradictorio con los discursos de lucha contra el contrabando, la informalidad o el narcotráfico que muchos enarbolan. Aún más, considerando que esas determinaciones responden a compromisos internacionales del país que si no se cumplen adecuadamente podrían llevar a que nuestro sistema financiero sea un paria, lo cual aumentaría los costos de las transacciones con el extranjero. Se esperaría, pues, mucha prudencia y razonabilidad en este tema de parte de los representantes de los principales sectores involucrados.
Ahora bien, ratificada la necesidad y justificación de estas regulaciones, también deberíamos insistir en que su aplicación quede siempre enmarcada en procedimientos claros con garantías de debido proceso, de preservación de razonables niveles de confidencialidad y de respeto de los derechos constitucionales. No parece tan difícil verificar si esto se está cumpliendo en la propuesta de ley de haber buena voluntad entre los legisladores, políticos y líderes sociales involucrados.
No sería del todo sorpresivo que los mismos actores que hoy se rasgan las vestiduras por la propuesta de la normativa, mañana lo hagan por los problemas que su postergación podría implicar para el comercio exterior o las transferencias financieras al extranjero. Es también llamativo que el Gobierno, sabiendo lo delicado del problema, no solo por el clima de crispación política en que vivimos sino por el peso de la informalidad en toda la economía, no hubiera extremado las gestiones para informar, explicar, consensuar y despejar dudas antes de lanzarse a su aprobación legislativa en medio de conflictos sociales.
