Con la decisión del Ministerio Público de “ratificar el sobreseimiento” de los exvocales del TSE, concluyó formal y definitivamente el caso Fraude, iniciado en noviembre de 2019 con la detención arbitraria de todas las autoridades electorales del país. Se cierra así este oscuro capítulo, aunque seguirá persistiendo en la narrativa de quienes fueron derrotados en esos comicios.
El 10 de noviembre de 2019, horas después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, difundiera de manera prematura los “hallazgos preliminares” del “análisis de integridad” sobre las elecciones de ese año, la Fiscalía General dispuso la aprehensión de todos los vocales del TSE y de los nueve tribunales electorales departamentales. En algunos casos, violando sus derechos, se los exhibió enmanillados, como trofeo. Así arrancó el caso Fraude, dos días antes de la autoproclamación de Áñez.
Con presunción de culpabilidad, sin debido proceso, las autoridades del organismo electoral, que administraron los comicios generales de octubre de 2019 (luego declarados “sin efecto legal”), fueron acusadas por supuestos delitos electorales. El juicio penal por “fraude” derivó en declaraciones de los aprehendidos, nuevas detenciones, inspecciones de reconstrucción, audiencias y otros actos procesales. Durante un año los fiscales actuaron bajo presión y amenaza del exministro Murillo y la Procuraduría.
Transcurridos casi dos años, el caso Fraude se cierra con la “ratificación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento”. Se dispuso así la conclusión del proceso respecto a los imputados, la cesación de medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales. En este tiempo, la parte acusadora (incluyendo al dos veces derrotado candidato presidencial, Carlos Diego Mesa) no pudo aportar suficientes “elementos probatorios para sustentar la acusación”. Gritar “fraude monumental” no basta.
De manera paralela, el actual Procurador, bajo el eslogan “Acta x Acta. Democracia y Verdad”, realizó el anunciado recuento público de actas de las elecciones 2019. La previsible conclusión, para su tribuna, es que “no hubo fraude”. Demás está decir que esta acción, que no tiene ningún efecto legal dado el principio de preclusión, se inscribe en la prolongada disputa política sobre la crisis de 2019. Es claro que difícilmente modificará la percepción de quienes sostienen la narrativa del “fraude”.
A estas alturas, dado el desenlace de los hechos (elecciones 2019 sin efecto legal, régimen provisorio, elecciones 2020 con Gobierno electo), es fundamental como país, más allá de la polarización y sus creencias, que tengamos la voluntad y la madurez para reconstruir nuestros lazos sociales de convivencia. Los procesos políticos pasan, la sociedad queda. Ello no implica, por supuesto, renunciar a la imprescindible exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Veamos cómo se cierra el caso Golpe.
