Según información oficial, pronto se iniciará el juicio oral en el denominado caso Golpe II. La principal acusada es la exsenadora Jeanine Áñez. Se la acusa por su autoproclamación como presidenta del Estado en noviembre de 2019 por fuera del marco constitucional. La acompañan en el proceso los altos mandos militares y policiales de aquel momento, algunos de ellos hoy prófugos.
El juicio oral contra Áñez, procesada no como expresidenta provisoria sino en su condición de exsenadora, llega diez meses después de su detención preventiva. Los fiscales se tomaron su tiempo para hacer una imputación formal. Llama la atención que el anuncio formal del juicio no haya provenido del Órgano Judicial o del Ministerio Público, sino del Ministerio de Gobierno. Como sea, el hecho ya reavivó el debate entre el oficialismo, que habla de hacer justicia, y la oposición, que alega persecución política.
Un primer aspecto a considerar es que el anunciado juicio oral tiene que ver con el caso Golpe II, cuyo trámite investigativo es posterior obviamente al caso Golpe I. Es necesario e importante que las instancias responsables expliquen con claridad y transparencia a la ciudadanía por qué hay dos procesos por el mismo hecho (supuesto golpe de Estado tras el derrocamiento del expresidente Morales), en qué se diferencian (seguramente en sus tipos penales) y por qué el II precede al I, y no al revés.
Un segundo aspecto que debe dilucidarse de manera inequívoca, en beneficio del debido proceso, son las razones por las cuales la señora Jeanine Áñez está siendo enjuiciada por la vía ordinaria, como exsenadora, de manera diferente al juicio de responsabilidades que le correspondería como expresidenta del Estado (por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, como las masacres de Sacaba y Senkata, en especial). Pareciera estar claro que una vía (ordinaria) no excluye a la otra (de privilegio).
En cuanto al proceso oral que se iniciará pronto y que seguramente, más allá del ámbito judicial, concentrará la atención del debate político y de los medios de comunicación, se espera que el trámite se lleve adelante con estricto apego a las normas y procedimientos, más allá de las previsibles presiones políticas, de actores sociales y de operadores mediáticos y en redes sociales digitales. Es deplorable por ello la acción de la propia Áñez, que difundió imágenes de los jueces que la “sentenciarán”.
En el actual contexto de polarización es previsible que habrá intensa disputa política en torno a este juicio, vinculado a un hecho (golpe de Estado) en sí mismo polémico. Peor aún si hay alta desconfianza en los administradores de justicia, tradicionalmente inclinados a favor de los gobiernos de turno. Así, resulta fundamental reiterar las premisas indiscutibles que enseña la experiencia histórica: verdad, reparación, justicia y no repetición. Es la condición para reencontrarnos como sociedad.
