En medio del arribo al país del relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, crece la disputa política en torno al caso Golpe de Estado II. Mientras el oficialismo exige justicia ante la ruptura del orden constitucional (noviembre de 2019), la oposición descalifica el proceso y habla de persecución política. Las próximas semanas tendrán en polarizada vitrina el llamado “Plan B”.
El 12 de noviembre de 2019, dos días después del derrocamiento del expresidente Evo Morales, la senadora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó primero presidenta del Senado y luego presidenta del Estado Plurinacional. Lo hizo en sesiones sin quorum. Si bien las renuncias del presidente Morales y del vicepresidente García Linera habían llegado a la Asamblea, no fueron leídas ni admitidas en sesión de Asamblea, como manda la Constitución. En síntesis, no hubo elección de Áñez como presidenta.
El procedimiento fue calificado como de ipso facto y se justificó ante el vacío de poder producido por la salida del país de Morales y García Linera. Se acreditó también como respaldo un comunicado no vinculante del Tribunal Constitucional. La autoproclamación estuvo precedida por hechos de violencia y el protagonismo de militares y policías. De ese modo Áñez entró al Palacio de Gobierno con una gran Biblia y se instaló un régimen provisorio con el mandato de convocar nuevas elecciones.
El operativo del 12 de noviembre, que implicó un quiebre del orden constitucional, no fue planificado en la Asamblea ese día, sino antes y por fuera de la institucionalidad. Amplia información revela las reuniones secretas que hubo en instalaciones de la Universidad Católica en La Paz con protagonismo de Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, Ortiz y otros operadores menores, arropados por la Conferencia Episcopal y algunos diplomáticos. Fue allí donde se diseñó el llamado “Plan B”: la autoproclamación.
Estamos entonces en la etapa previa al régimen provisorio de la presidenta Áñez, que a la fecha tiene cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades (uno de ellos por las masacres de Sacaba y Senkata). El juicio al “Plan B” tiene que ver con las acciones de la senadora Áñez (segunda vicepresidenta de la Cámara) y por ello es objeto de tanta polarización en el marco de la disputa de relatos “fraude” versus “golpe”. Así, el componente judicial aparece degradado en segundo plano.
Esta es una de las polémicas que conocerá el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán. Pero su tarea es mucho más amplia. En sus palabras: “abordar cuestiones relacionadas con la estructura, organización y funcionamiento independiente e imparcial del poder judicial, los fiscales, y el ejercicio de la profesión jurídica”. Ojalá su visita de una semana y su posterior informe en junio no se contaminen con la polarización política.
