El solo anuncio de la convocatoria para elegir una nueva Defensora o Defensor del Pueblo ha puesto en tensión el campo político, en especial en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El fallido inicio del proceso, con sesión bochornosa, es un anticipo de lo difícil y complejo que puede ser el camino. Hay que blindar esta elección, defender la Defensoría.
La institución de la Defensoría del Pueblo fue creada en Bolivia en diciembre de 1997, por mandato constitucional, como parte de un conjunto de reformas acordadas por los actores políticos de la democracia pactada. Su función principal es velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos. Desde su creación, el Órgano Legislativo eligió cuatro defensores titulares (una mujer y tres hombres). En los últimos tres años tenemos una defensora interina.
El estreno de la Defensoría del Pueblo tuvo la fortuna de contar con una persona intachable, Ana María Romero de Campero, que le dio el más alto estándar de calidad e independencia al cargo. Era demasiado incómoda para el poder político, que vetó su continuidad. Luego vino el declive con dos defensores, Waldo Albarracín y Rolando Villena, que terminaron alineándose a la oposición política. Y el último defensor electo, David Tezanos, se subordinó de forma vergonzante desde el principio al oficialismo.
Considerando el prolongado interinato de la actual defensora, Nadia Cruz, la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió finalmente elegir una autoridad titular. Para ello se requiere convocatoria pública; verificación del cumplimiento de requisitos de las y los postulantes; evaluación de méritos, idoneidad y trayectoria; y elección en el pleno de la Asamblea por dos tercios de votos de los presentes. La ley establece que el proceso de calificación en la Comisión Mixta se aprueba por mayoría simple.
El proceso de elección de la próxima Defensora o Defensor del Pueblo nació magullado, y todavía no avanza a la espera de un acuerdo entre las bancadas, debido a la disputa sobre algunos requisitos y, para variar, la mayoría requerida para aprobar las fases previas a la elección. Así, más que un proceso institucional y transparente que permita elegir a la mejor persona para el cargo, hasta ahora solo hay ruido. Y surgen algunos posibles postulantes, de suyo descalificados (Patty, Carvajal, Vera, Morales).
Más allá del acuerdo entre el oficialismo y la oposición que, ojalá, destrabe pronto la elección, es fundamental que instituciones, entidades de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil blinden el proceso. Bolivia necesita una Defensoría del Pueblo con alta legitimidad, equidistante de los actores políticos, lejos de poderes fácticos (incluido el mediático), para que cumpla sin presiones su misión constitucional de velar por los derechos humanos. Hay que defender la Defensoría.
