Finalmente, después de no poca polémica en los últimos meses, el Gobierno ha promulgado el Decreto Supremo 4546 donde se establece que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará el 16 de noviembre de este año; además asigna recursos para las tareas de organización, comenzando por la actualización cartográfica, y declara el ejercicio “prioridad nacional”.
En 2021, en las primeras semanas de gobierno del presidente Arce, la oposición cruceña puso el tema en la agenda pública a raíz de una confusa declaración del director del Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a la posibilidad de realizar el censo al cumplirse una década desde el último conteo nacional. Para esas dirigencias resultaba inaceptable la sola posibilidad de postergar el operativo, y subrayaron la necesidad de contar con estadísticas actualizadas que permitan redistribuir recursos.
Ante las muchas insinuaciones de portavoces opositores sobre la incapacidad del Gobierno de cumplir con el plazo de una década entre un censo y el siguiente, el INE está abocado a cumplir con la fecha señalada y su director ha anunciado que la próxima semana comienza el proceso de actualización cartográfica, que durará hasta julio y permitirá contar con mapas exactos de las zonas censales. Miles de personas serán contratadas para la tarea y se ha asignado Bs 65.461.000 para la contratación de consultores, además de un traspaso presupuestario de Bs 181.875.000.
De esta manera, ha subrayado el director del INE, se desmienten las afirmaciones de diputados opositores acerca de una supuesta carencia de recursos. También ha dicho la autoridad, en entrevista con La Razón Radio, que el proceso no debe politizarse, en alusión a las expectativas que hay sobre redistribución de escaños legislativos, reasignación de recursos fiscales, comenzando por la coparticipación, y hasta de pacto fiscal; afirmó que el principal objetivo del censo es conocer “la realidad económica y social de cada una de las familias del país”.
Sin embargo, sí es un hecho que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 145, numeral V, que el Tribunal Supremo Electoral debe asignar escaños legislativos “en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la Ley”, por lo que será imposible evitar toda clase de cálculos y polémicas entre actores políticos y regionales.
El censo en efecto es una prioridad nacional pues debe producir toda clase de efectos en la creación y ejecución de políticas públicas más allá de los apetitos regionalistas. Es previsible que la polémica se actualice constantemente a partir de diversos aspectos del complejo operativo, comenzando por las preguntas de la boleta. El INE tiene al frente una tarea de alta complejidad técnica y política, y apenas la mitad del tiempo empleado en anteriores ocasiones para organizar y ejecutar el conteo. No debe darse el lujo de fallar.
