El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está en el centro de la polémica por un decreto departamental mediante el cual delegaba una serie de funciones a uno de los secretarios de la Gobernación. Vulneraba así el Estatuto Autonómico, nada menos, al desconocer al vicegobernador electo. En lugar de reconocer el error, Camacho culpa a sus adversarios políticos.
El 9 de marzo, pocos días antes de realizar un viaje al exterior en misión oficial, el gobernador Camacho y dos secretarios firmaron un decreto (N° 373) delegando varias funciones a favor del secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, quien curiosamente también firma el decreto. Así, el secretario se habilitaba para representar al gobernador en todos los actos, atender correspondencia, responder peticiones de informe escrito, suscribir acuerdos o convenios y observar proyectos de leyes.
El mismo decreto, en su artículo 4, ordena su publicación en la Gaceta Oficial de la Gobernación a fin de “surtir los efectos legales” correspondientes. Como estaba dispuesto, el decreto departamental fue publicado, esto es, entró en vigencia. Hasta aquí está todo comprobado y documentado. De más está decir que semejante delegación de funciones generó reacción inmediata y diferentes críticas. La mayor observación fue que se ignoraba la autoridad del vicegobernador electo, Mario Aguilar.
También se cuestionó que Camacho haya vulnerado el Estatuto Autonómico de Santa Cruz que, en su artículo 18, inciso IV), establece de manera inequívoca que el vicegobernador, que se elige junto con el gobernador, tiene la función principal de “reemplazar al gobernador”. Ni el Estatuto ni ninguna otra norma señala que las funciones del gobernador pueden ser asumidas por un secretario. Tras las críticas, el decreto fue bajado rápidamente de la Gaceta, asegurando que no estaba prevista su publicación.
Al retornar de su viaje, el gobernador buscó aclarar la situación con algunas versiones contradictorias sobre el decreto, negó tener diferencias con el vicegobernador y culpó al MAS y a Demócratas por la polémica y “una serie de interpretaciones erradas”. Se reunió de emergencia con su gabinete y anunció un proceso contra quienes publicaron el decreto. Los Demócratas lamentaron que Camacho no asuma su error y lo calificaron de “mitómano”. El MAS, en tanto, anticipó una denuncia penal por incumplimiento de deberes.
Más allá de esta controversia, el episodio deja abiertas algunas interrogantes. La más sustantiva tiene que ver con el curso que está siguiendo la gestión en la Gobernación, a casi un año de la administración de Camacho. Hay críticas al respecto. Queda la pregunta también acerca de la relación entre el gobernador y el vicegobernador, que no es muy clara. Y no deja de ser relevante el modo en que un decreto pudo haber vulnerado el Estatuto Autonómico. Son cuestiones importantes, sin duda, para la dirigencia cruceña.
