Como estaba previsto, el miércoles el Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), presentó al Consejo de Derechos Humanos su informe sobre la visita que hizo a Bolivia en febrero para su aprobación en el próximo periodo de sesiones. El informe contiene abundantes detalles de la visita y concluye con 12 recomendaciones.
Entre los muchos aspectos destacables del informe, el Relator sostiene que las autoridades judiciales están “expuestas a diversas formas de injerencia o presión”, habla de los hechos de violencia y persecución de 2020 y pone el caso de la expresidenta Jeanine Áñez como muestra de los “problemas estructurales de la administración de justicia”, asunto que remite a más de dos décadas atrás, señalando un caso de 1998 como ejemplo.
El conjunto de recomendaciones al Estado boliviano, pero también a la sociedad, con que concluye el informe es, para el oficialismo, insumo para el proceso de reforma de la justicia; para la oposición, evidencia y testimonio de la “asquerosa justicia masista”, en palabras del Gobernador de Santa Cruz. El Viceministro de Justicia reconoció que el documento refleja la “realidad” del sistema judicial.
El informe del Relator contiene recomendaciones para reconducir el Órgano Judicial, comenzando por respetar su independencia y buscar un gran acuerdo nacional para la reforma; también recomienda asignar más presupuesto a este Órgano del Estado, así como asegurar que jueces, vocales y magistrados se dediquen a administrar justicia y no dinero o recursos, tarea para profesionales en materia administrativa.
Recomienda asimismo un debate nacional sobre la elección de autoridades del Judicial; el establecimiento de una efectiva carrera judicial; la regularización de jueces transitorios hasta fin de este año; atacar la corrupción con políticas de transparencia y sanciones apropiadas. En materia de derechos, respeto a la jurisdicción indígena originario campesina; más juzgados dedicados a la violencia contra la mujer y sustento al Comité de Género del Órgano Judicial; poner fin al abuso de la figura de detención preventiva; celeridad y eficacia en la investigación de la crisis de 2019; resarcimiento a víctimas de violaciones de los derechos humanos. Designar Defensor del Pueblo titular.
También, reformar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, y crear una política criminal que guíe el trabajo del Ministerio Público, tareas interrumpidas hace años por presión opositora; mejorar la formación de abogados; y muy importante: adoptar una ley de acceso a la información pública.
La agenda está hecha, aunque es posible que otros asuntos también puedan o deban ser incluidos. Toca que Estado, partidos políticos y sociedad civil pongan cada quien de su parte. Todos coinciden en su malestar con el estado de cosas, pero también son muchos los intereses en juego. Los discursos grandilocuentes, cuando no altisonantes, de poco sirven para demostrar compromiso con la causa de renovar el Judicial.
