La conflictividad social local está aumentando en varias regiones del país. Frecuentemente, esos problemas son tratados únicamente desde la perspectiva de la polarización, con escaso esfuerzo por comprender los problemas reales que podrían estar detrás de esas movilizaciones. Sería deseable que autoridades y medios de comunicación generadores de opinión pública discutan sobre esas cuestiones de fondo.
Desde hace un tiempo, en varios municipios rurales del departamento de Santa Cruz se están produciendo bloqueos de carreteras y movilizaciones exigiendo atención de la Gobernación. La primera respuesta de esas autoridades fue atribuir las demandas a los intereses del MAS. Sin embargo, al final siempre tuvieron que dialogar y llegar a acuerdos con las organizaciones movilizadas para resolverlas. Este hecho indica que había problemas concretos detrás de estas situaciones.
En estos días, en la ciudad de El Alto se está produciendo un conflicto liderado por las juntas escolares que exigen atención del gobierno municipal. Nuevamente, la primera reacción de los funcionarios de la Alcaldía fue vincularlo a objetivos partidarios. Sin embargo, es muy probable que, como en otros casos, la situación culmine en algún tipo de compromiso.
Sería ingenuo desvincular totalmente los grupos sociales de grupos políticos, tan ingenuo como divorciar a las autoridades locales, involucradas en estas situaciones, de sus intereses partidarios. La mayoría de ellos tienen visibles adscripciones políticas. Sin embargo, simplificar las problemáticas reduciéndolas únicamente a esta dimensión sería un grave error.
Estos conflictos tienen que ver con la dificultad de la mayoría de los gobiernos locales para atender las múltiples demandas sociales de sus administrados. Esto se debe, entre otras cosas, a la reducción de recursos que están enfrentando los gobiernos locales, pero también a la lentitud o incluso incapacidad de varias nuevas autoridades para definir orientaciones y un plan realista para gobernar sus municipios y departamentos en una etapa de vacas flacas.
Es decir, no todos los conflictos y las demandas sociales son ilegítimas. También son problemas reales de la gente y de las comunidades que deben ser comprendidos y resueltos en la medida de las posibilidades del Estado. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, parece imprescindible que el gobernador encuentre una manera de convivir y trabajar con las autoridades municipales masistas que fueron electas en una gran parte del territorio de ese departamento. De igual modo, en El Alto, habría que evitar la descalificación y la simplificación, tanto entre los movilizados como entre las autoridades municipales, y apuntar a trabajar en responder a las demandas concretas de las juntas escolares.
La polarización no justifica en ningún caso la falta de diálogo y la ausencia de coordinación entre todos los niveles de gobierno. Es el momento de concentrarse en escuchar y atender a las y los ciudadanos sin distinción.
