Siguen sumando los hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz presuntamente vinculados a actividades del narcotráfico en esa región. El problema excede los casos específicos que se han producido y se está instalando un sentimiento de inseguridad, de sospecha y de impunidad que debería preocupar a las autoridades y a la sociedad boliviana en su conjunto.
El asesinato de dos funcionarios de la Policía Nacional y de un voluntario, en circunstancias aún por dilucidar, en los alrededores de la ciudad oriental a manos de los guardias privados de un ciudadano supuestamente ligado al narcotráfico, es un nuevo ejemplo de la preocupante violencia que la implantación de actividades delictivas está provocando en la urbe más grande del país.
Desde hace varios meses se suceden hechos preocupantes, no únicamente ligados al descubrimiento de fábricas de cocaína o el desmantelamiento de infraestructuras para su exportación ilegal en varios territorios del oriente, sino también ajustes de cuenta en la ciudad, asesinatos en vía pública y graves casos de corrupción en las fuerzas policiales antidroga.
Es decir, la creciente infiltración del narcotráfico en la vida institucional y social es un fenómeno altamente inquietante. Cuando ese proceso se acelera, toda la vida económica y cotidiana de grandes porciones del territorio se deteriora y el tratamiento del problema se vuelve extremadamente complejo. Basta ver lo que pasó en décadas pasadas en varias ciudades colombianas o mexicanas en circunstancias similares.
Quizás no estemos aún en el peor escenario, pero hay señales que no deben subestimarse. Es necesario intensificar la acción del Estado para desbaratar factorías de cocaína y atacar directamente a su transporte y comercialización, pero hay urgencia también por investigar y sancionar el uso ilícito de recursos provenientes de esos delitos en actividades económicas, financieras, sociales y hasta políticas.
Es mediante el dinero que el narcotráfico se va normalizando en una sociedad apuntando a abandonar la clandestinidad y los márgenes donde nace. En consecuencia, ahí es donde hay que atacarlo con mayor rigurosidad. Las experiencias de otros países indican que un esfuerzo inteligente y sistemático de combate y regulación en ese ámbito es muy efectivo, a veces incluso más que las demostraciones de fuerza coyunturales. Grandes narcotraficantes y redes criminales cayeron por investigaciones de sus movimientos financieros.
Hace poco tiempo, debido a la polarización política, se paralizó la ley que justamente debía reforzar la acción del Estado en este contexto. Se esperaría que ahora, con los riesgos ampliamente demostrados con este caso que ya se cobró la muerte de tres policías, el conjunto de fuerzas políticas participe y apoye la estructura legal pendiente.
