La declaración del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreciendo asilo a la expresidenta Jeanine Áñez, sentenciada a 10 años de prisión, generó previsible polémica en el país. La Cancillería boliviana lo acusó de “injerencia en asuntos internos”. Ya en enero de este año el derechista Bolsonaro hizo ruido cuando reveló que se había reunido con Áñez, quien negó dicho encuentro.
Refiriéndose “al tema de las relaciones internacionales”, Bolsonaro comentó en una entrevista televisiva que está dispuesto a hacer lo posible para que Áñez, a quien definió como “una mujer presa injustamente”, vaya a Brasil. “Estamos listos para recibir el asilo de ella”, afirmó. Su oferta se hizo extensiva a los excomandantes de las Fuerzas Armadas (Kaliman) y de la Policía (Calderón), también condenados en rebeldía a 10 años de cárcel. Bolsonaro mencionó que uno de ellos podría estar en su país.
Al igual que en enero de este año, Bolsonaro reiteró su afirmación de que estuvo con Áñez “apenas una vez”. De haberse producido dicha reunión, implicó un viaje no autorizado de la expresidenta a Brasil. No se sabe cuándo, dónde ni en qué condiciones y con qué agenda se habría producido el supuesto encuentro, enfáticamente negado por Áñez. Lo cierto es que ni la Cancillería brasileña ni su legación diplomática en Bolivia negaron o aclararon nada respecto a la reunión revelada por Bolsonaro.
Como sea, la oferta de asilo del mandatario brasileño generó veloces y duras respuestas en el país. La posición oficial del Estado boliviano fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien además de lamentar las “desafortunadas declaraciones” de Bolsonaro, las calificó como “injerencia en asuntos internos”. Otras voces del oficialismo recordaron la participación de Brasil en las reuniones para la autoproclamación de Áñez y el inmediato reconocimiento de su gobierno.
La intervención de Bolsonaro respecto a una decisión que atañe al sistema de administración de justicia en Bolivia alimenta la polémica sobre el juicio ordinario contra la exsenadora opositora, que sigue su curso en las instancias previstas de apelación. En todo caso, la sentencia contra Áñez y los posibles juicios de responsabilidades en agenda, cuya autorización está en manos de la Asamblea Legislativa, son procesos y penas que deben realizarse en el país. No corresponde, pues, ningún “asilo”.
Las afirmaciones del Presidente brasileño se producen en el contexto de su campaña electoral por la reelección. No es casual que haya concluido reclamando que el expresidente y también candidato Lula da Silva no haya dicho nada respecto al asunto (de Áñez). Es una gran paradoja toda vez que Bolsonaro fue electo presidente en 2018 tras la inhabilitación de Lula ( favorito para ganar los comicios) debido al montaje de varios procesos penales que se fueron cayendo como el peor ejemplo de lawfare.
