Días atrás, la Ministra de la Presidencia entregó al Presidente del Estado un anteproyecto de ley diseñado para corregir errores y omisiones de la Ley 348, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que además mejora la definición del delito que busca erradicar e incorpora la vía administrativa para tratar algunos casos. Se trata de un complemento necesario y urgente.
El documento presentado al Mandatario, que contiene 160 artículos, todavía debe recorrer un probablemente moroso trámite legislativo y por ahora no se sabe si ya fue remitido a la Asamblea Legislativa, ya que las y los legisladores todavía no han reaccionado ni siquiera para prometer un pronto tratamiento o al menos dar a conocer sus críticas. La Ministra de la Presidencia destacó que se trata de un proyecto construido colectivamente entre todos los sectores y organizaciones de mujeres del país; hasta ahora ninguna organización la ha desmentido.
Quien sí reaccionó prontamente al anuncio fue la Defensora del Pueblo interina, anunciando que la nueva ley incorporará sanciones a las violencias obstétrica y cibernética, y al acoso callejero; también destacó que la propuesta normativa busca fortalecer los mecanismos de prevención, atención, protección, sanción y reparación integral a mujeres en situación de violencia, así como garantizar el acceso a la Justicia de manera pronta, oportuna y gratuita para erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos público y privado.
Además, señaló la Defensora interina, el articulado propuesto clarifica la situación de las mujeres transexuales y transgénero que sufren daño o perjuicio a causa de una determinada acción u omisión que implique violencia; la situación de esta población es particularmente delicada, pues en general son personas que deben padecer cotidianas muestras de discriminación y tratos crueles en todos los ámbitos de su vida, y su protección es un tema pendiente.
Finalmente, fue la Ministra de Trabajo quien informó que el anteproyecto de fortalecimiento a la Ley 348 introduce la vía administrativa para sancionar ciertos tipos de violencia que no atentan contra la integridad física de la mujer, como por ejemplo el acoso laboral, y que hasta ahora, por esa causa, o no eran atendidos o solo podían ser procesados por la vía penal o la laboral, pero sin considerar los matices de violencia machista.
Ahora queda ver el modo en que el proyecto será recibido y gestionado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde oficialismo y oposición muestran tener prioridades relacionadas con el debate meramente ideológico o el combate con el adversario antes que con la mejora del Estado, sus normas e instituciones. Asimismo, no es pequeño el reto para el resto de las instituciones estatales, y la sociedad en su conjunto, pues deben asegurar que esta norma sea más que palabras sobre el papel y cambie verdaderamente la vida de las mujeres.
