El explosivo conflicto por el segundo mercado de la coca en la ciudad de La Paz, uno de los dos mercados legales autorizados en el país en la Ley de Régimen de la Coca, ha ingresado en su tercera semana y hoy en la tarde está previsto que se cumpla el ultimátum anunciado por la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) para el cierre del mercado paralelo.
El conflicto está activo al menos desde septiembre de 2021, cuando se produjeron manifestaciones y enfrentamientos similares a los que desde hace tres semanas han roto la paz y tranquilidad de las y los vecinos de Villa Fátima y Villa El Carmen con profusión de explosiones de dinamita y gases lacrimógenos; en aquella ocasión la pugna era por la dirección de la Adepcoca, que implica tener el control del tradicional mercado.
Entonces el conflicto pareció resolverse con la determinación de convocar a elecciones de una nueva dirigencia de la organización cocalera, que terminó con la división de la Adepcoca en dos facciones. Una supuesta solución salomónica del Gobierno fue anunciar que autorizaría un segundo mercado, cosa que, dependiendo de la interpretación que se haga de la Ley de Régimen de la Coca, no está ni autorizada ni prohibida, pues en su artículo 23 se establece, primero, que los mercados legales están en Villa Fátima, La Paz, y Sacaba, Cochabamba.
Segundo, que “el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es la única instancia competente para autorizar, controlar y regular los mercados de coca, a través de resolución ministerial”. La Defensora del Pueblo exhortó al ministro del área a definir la legalidad del mercado de coca que funciona en Villa El Carmen y dar una respuesta “certera” en el conflicto, pues de ello depende que el mercado paralelo funcione o no. En el fondo la pugna tiene que ver con el control de un negocio millonario, cuyos detalles son una suerte de tabú entre las autoridades del Estado y la dirigencia del partido gobernante.
Finalmente, el segundo mercado, calificado de “paralelo”, fue abierto a fines de junio y dio paso a las violentas protestas de las últimas semanas, que incluso motivaron una declaración de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sentido de que se habría hecho un uso excesivo de la fuerza y vulnerado otros derechos. El Comandante de la Policía respondió afirmando que usar gases lacrimógenos para contener el uso de dinamita no llega ni siquiera a ser proporcional.
Queda de todo esto la evidencia de que el conflicto está lejos de resolverse, incuso si se cerrara el segundo mercado de coca, pues de lo que se trata es de controlar el comercio legal de la coca, cuyo precio oscila hacia arriba y cuyo cultivo no hace más que crecer a pesar de la erradicación que ejecuta el Gobierno. Hay, pues, dinamita y pelea para rato, y los primeros afectados son quienes viven en la vecindad del lugar de las manifestaciones.
