La mayoría especial de dos tercios, que debiera ser un incentivo para construir acuerdos amplios en el ámbito legislativo, se ha convertido en un instrumento de veto. Así, en lugar de pactar, los actores de la minoría optan por el bloqueo, evitando la toma de decisiones. La mayoría tampoco hace muchos esfuerzos de concertación. El resultado es el “empantanamiento”.
Sabiendo que en el actual período constitucional no tendría mayoría especial ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, el MAS-IPSP modificó en octubre del 2020 los reglamentos camarales para sustituir los dos tercios por la mayoría absoluta en una decena de decisiones, la mayoría de procedimiento. La acción fue justificada en nombre de la gobernabilidad. Comunidad Ciudadana, en tanto, la calificó de “inaceptable e ilegítima”. Y presentó un recurso ante el TCP, que lo declaró improcedente.
El principio de mayoría absoluta rige en la Asamblea Legislativa Plurinacional (al igual que en el anterior Congreso Nacional) para la aprobación de leyes y otras decisiones relevantes. Las excepciones están señaladas de manera explícita en la Constitución Política del Estado, que establece el requisito de dos tercios para la designación de autoridades (Defensor del Pueblo, Contralor del Estado, vocales electorales y Fiscal General) y la autorización de juicios de responsabilidades, entre otras cuestiones.
Durante más de una década, el MAS-IPSP tuvo dos tercios en la Asamblea y decidió en solitario. Ahora, pese a que conserva la mayoría absoluta en ambas cámaras, necesita pactar con la oposición en decisiones que requieren mayoría especial. No ha sido posible. El testimonio de tal imposibilidad, que expresa el fracaso de la política, se exhibió reiteradamente en la fallida elección del nuevo Defensor del Pueblo. Ahora se anticipa el mismo escenario en la designación del Contralor General del Estado.
Un diputado de Comunidad Ciudadana anunció por anticipado que la bancada de Carlos Diego Mesa “no les va a entregar los dos tercios” (sic) para la designación del nuevo Contralor entre los diez ciudadanos preseleccionados por la comisión de la Asamblea. Así, el inminente bloqueo de dicha designación —como ocurrió en el caso del Defensor del Pueblo— no tiene tanto que ver con una evaluación de méritos de los postulantes, sino con la premisa del veto. No se trata de buscar un acuerdo, sino de empantanar.
Esta situación de parálisis decisoria en la Asamblea cuando se requiere mayoría especial tampoco parece importarle mucho al oficialismo. El resultado es conocido. Si no se puede designar autoridades, hay interinatos. Si la oposición no viabiliza un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, será procesada por la vía ordinaria. ¿Qué podemos esperar en la preselección de postulantes para las elecciones judiciales del próximo año? Los dos tercios en su mala hora.
