Días atrás, en ocasión de recordarse 51 años del cruento golpe de Estado encabezado por el entonces coronel Hugo Banzer, con decidido apoyo del MNR y su líder, Víctor Paz, el Gobierno anunció la firma de un acuerdo con las víctimas de las dictaduras que exigían sus derechos desde hace más de una década en puertas del Ministerio de Justicia. Tarde o no, es un acto de reparación.
Fue en 2004 cuando se promulgó la Ley 2640, irónicamente elaborada y propuesta años antes por un colaborador del exdictador Banzer, que establecía una compensación económica para las víctimas de las dictaduras de entre 1964 y 1982. La norma establecía la creación de un fondo con aporte del 20% del Estado; el restante 80% tenía que ser negociado por el Ministerio de Justicia con agencias de cooperación internacional.
Previsiblemente el fondo nunca se completó y el trámite para las víctimas se convirtió en un proceso engorroso que incluía la presentación de evidencias muchas veces inexistentes, pues la violencia de Estado no deja más pruebas que las lesiones físicas y mentales que hubieran causado la tortura y otros tratos inhumanos, crueles o degradantes, incluyendo el exilio forzoso. Al final, miles de personas no calificaron.
En 2012 las víctimas de las dictaduras se organizaron, iniciaron una protesta en puertas del Ministerio de Justicia, e instalaron carpas para hacer permanente su protesta hasta obtener una solución de parte del Estado. Les tomó 10 años, cuatro meses y 20 días, hasta el 21 de agosto último, lograr su objetivo, que se tradujo en la Ley 1446, que dispone que el faltante 80% para el fondo de compensación será cubierto por el Tesoro General de la Nación.
Así, más de 1.700 personas hoy tienen nuevamente la esperanza de obtener del Estado una compensación largamente demandada no solo por ellas, sino también por organismos multilaterales y otros que recordaron al país su obligación formal de resolver estas injusticias y compensar a las víctimas en acto de reparación integral. Es previsible que el trámite no sea sencillo ni rápido, pero ya no hay más motivos para seguir retrasándolo.
Lo sucedido en Bolivia entre 1964 y 1982 es parte de un entramado geopolítico de enorme complejidad y cuyas repercusiones se sienten todavía hoy (lo sucedido en 2019 terminó convertido en un nuevo intento de restituir la injusticia estructural a través de la violencia de Estado), por lo que es imperioso no solo reparar a las víctimas, sino también desarrollar la memoria histórica.
El acuerdo entre el Gobierno y las víctimas de la dictadura es un paso en ese sentido, pero hace falta mucho más que solo una transacción económica para superar de una vez las heridas que la violencia ejercida desde el Estado ha dejado en los cuerpos y las conciencias de miles de personas. Recuperar la verdad histórica y promover la memoria, por dolorosa que sea, es el camino para evitar que estos abusos se repitan nuevamente.
