En vísperas de cumplirse la tercera semana de paro indefinido en Santa Cruz, con el consiguiente daño a las economías de las clases populares, pero también de las empresas formales, y en consecuencia de los indicadores macroeconómicos del cuarto trimestre del año, es difícil visualizar una salida al conflicto por la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.
Se trata, pues, de lo que la ciencia política llama “impase” y el conocimiento común “callejón sin salida”. Desde el momento en que el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) acordó postergar la realización del Censo, de noviembre de este año a algún momento a mediados de 2024, la llamada “institucionalidad cruceña” inició movilizaciones demandando que el conteo se realice en algún momento de 2023.
De nada sirvieron las alertas de diversas instituciones multilaterales y organismos de cooperación extranjera que señalaron la imposibilidad de realizar el Censo en 2023 dadas las actuales condiciones de preparación del Instituto Nacional de Estadística (INE), los poderes fácticos cruceños, con eficaz ayuda de sus operadores mediáticos, parecen haber impuesto como sentido común que la fecha del conteo puede decidirse de manera política y no técnica.
Tampoco han servido los numerosos intentos gubernamentales por generar consensos sobre la fecha del Censo con todas las autoridades electas del país: los argumentos técnicos, incluso cuando son aceptados por alcaldes y gobernadores, no son apropiados por éstos, que prefieren un prudente silencio a conflictuar con la dirigencia cruceñista. Los medios de comunicación contribuyen al estado de cosas confundiendo a los representantes de uno u otro gobierno municipal con toda la “región”.
El resultado es que todos los esfuerzos por generar un acuerdo nacional se diluyen ante los discursos opositores que reemplazan racionalidad con radicalidad, pero que, por ahora, no logran trascender las fronteras de la capital cruceña, donde se libran enfrentamientos y escaramuzas de creciente violencia. El Gobierno nacional no logra imponer criterios de racionalidad, y por tanto hacer prevalecer su posición; pero los movilizados tampoco logran expandir el disenso al resto del país, con unas pocas excepciones.
Agravan la incertidumbre y la imposibilidad de acordar una salida al impase dos factores determinantes: por un lado, evidentes intenciones sediciosas, que han comenzado a aplicar un guión ya conocido que incluye, por ejemplo, asedio y toma de oficinas de instituciones públicas, acuerdos políticos entre fuerzas opositoras que no consideran los efectos de mediano y largo plazo, y hasta invocaciones a las Fuerzas Armadas para que se involucren en la pelea y, por el otro, una evidente y profunda fractura interna en el partido gobernante, con una de las facciones anunciando obstaculización de la gestión de gobierno. Así, el conflicto, a casi 21 días de iniciado el paro, sigue teniendo un final incierto.
