El Comité pro Santa Cruz anunció finalmente el levantamiento del paro departamental que duró 36 días. Tras asumir que su consigna de Censo en 2023 era técnicamente inviable, la última exigencia fue una ley, aprobada en Diputados. El Censo se hará en marzo de 2024. Fue una derrota de todos, en especial de la élite cruceña, hoy encabezada por el gobernador Camacho.
Los hechos son por demás conocidos. El Censo de Población y Vivienda debía hacerse en noviembre de este año. Así lo aseguraban diferentes autoridades durante varios meses. De pronto, en julio, en el marco del Consejo Nacional de Autonomías, se decidió postergarlo para mayo o junio de 2024. Desde entonces, la dirigencia cruceña expresó su rechazo, asumiendo la consigna de Censo en 2023. El 30 de septiembre, un cabildo dio ultimátum con anuncio de paro indefinido. Tal paro se inició el 22 de octubre. Hasta ayer.
Desde antes del cabildo, la élite cruceña asumió que la única forma de evitar el paro indefinido, primero, y de suspenderlo, después, era que el Censo se hiciera el año 2023, “sí o sí”. Vanas fueron las reuniones, mesas de trabajo y explicaciones técnicas que sostenían la propuesta oficial de 2024, ampliamente aceptada por gobernadores, alcaldes y rectores más allá de Santa Cruz. Como advirtieron reiteradamente Camacho y el cívico Calvo, ceder en el año era un acto de traición con muerte civil.
Así transcurrió más de un mes de paro indefinido. La élite cruceña apostó por nacionalizar el conflicto, pero ningún otro departamento se sumó a la radical medida. Asumiendo el resultado de la mesa técnica, el 12 de noviembre el presidente Arce aprobó un decreto fijando para el 23 de marzo de 2024 la fecha del Censo y la distribución de recursos desde septiembre del mismo año. No fue suficiente para levantar el paro. Un nuevo cabildo, no deliberativo, exigió que el decreto “se formalice en una ley”.
La exigencia de ley trasladó el conflicto al ámbito institucional. Aunque el cabildo había aceptado implícitamente la fecha del decreto, los asambleístas de la oposición presentaron cinco proyectos de ley distintos, todos insistiendo en 2023. Hubo división también en el oficialismo sobre la necesidad o no de una ley. Al límite, el Comité cruceño reconoció que el año ya no era lo determinante. “Es un concho” (lo residual), dijo un criticado Camacho. Había que asegurar también la distribución de escaños.
El balance del conflicto en torno al Censo deja un saldo negativo para el país. El cabildo se desvirtuó como mecanismo y el paro degeneró en violencia y violación de derechos humanos. Hubo muertos, heridos, abusos y elevadas pérdidas económicas. Hay costos de legitimidad también para el Gobierno central y el presidente Arce. Y la élite cruceña perdió el rumbo, entre la tozudez y el extravío. Fue una derrota de la política, que deja heridas abiertas y una renovada agenda sobre “la cuestión cruceña”.
