Luego del necesario balance del año que termina, con luces y sombras, persistente polarización y escasa autocrítica, es momento de pensar en la agenda y desafíos como país para el 2023. Está claro que será un año intenso con centro en la irresuelta crisis de la administración de justicia. Pero también cuentan las variables económicas, la cuestión territorial y la conflictividad.
Por diversas razones, el 2023 será un año con una cuestión central en la agenda nacional: la esquiva reforma de un sistema judicial en crisis y muy poco confiable. El 2023 debe realizarse la elección popular de altas autoridades judiciales, previa selección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vistas las experiencias de los años 2011 y 2017, se trata de una elección complicada y con poca legitimidad, considerando que ha contribuido poco a mejorar la administración de justicia.
En este mismo campo, voceros del Gobierno y del Órgano Legislativo anunciaron nuevas propuestas y acciones para impulsar la reforma judicial. Hasta ahora los intentos han sido parciales y, por tanto, insuficientes, cuando no malogrados. Está en curso también una iniciativa, impulsada por un grupo de juristas (la mayoría de oposición), para lograr la convocatoria a un referéndum de reforma parcial de la Constitución que, a su vez, permita transformar la justicia. Todo ello sin deliberación pública.
Así, el año que se inicia plantea el desafío de lograr un amplio acuerdo nacional para encaminar, desde el Estado, desde la sociedad, una profunda reforma del sistema de administración de justicia. Se hará en medio de la disputa legislativa sobre la selección de postulantes para la elección judicial, la posibilidad de una consulta para modificar la Constitución, lo que pueda avanzarse en la materia mediante normativa y la incierta legitimidad del proceso electoral. Puede no haber acuerdo, sino conflicto.
Pero más allá de la cuestión judicial, que ciertamente indigna, pero no figura entre las urgencias de la gente, el año 2023 será esencial para la estabilidad de la economía en un contexto internacional adverso. Cierto que hay números buenos, que deben celebrarse, como la baja inflación; pero también figuran alertas, como las escasas reservas internacionales. Más allá de la polarización política y discursiva, que llegó para quedarse, la ciudadanía anhela empleo, buenos ingresos, servicios de calidad. Y también está la conflictividad, siempre latente, en especial en torno a la cuestión territorial con la que se cerró el 2022. El paro indefinido en Santa Cruz por la fecha del Censo pareciera anticipar futuras disputas no solo en torno a sus efectos distributivos, sino respecto a la relación de la dirigencia cruceña con el nivel central del Estado. La violenta reacción ante la detención del gobernador Camacho es una muestra de ello. Una tensión irresuelta de la historia larga, que podría asumir alta intensidad.
