La “elección” en curso de la nueva dirigencia del Comité Cívico cruceño ha puesto en evidencia la forma poco democrática en la que se controlan estas entidades, que luego se atribuyen la representación de todos. Al parecer, las reglas y usos del Comité están hechos para que su presidencia y vicepresidencias estén reservadas para las personas designadas por la logia de turno.
En general, la renovación periódica de dirigencias en el Comité pro Santa Cruz suele transcurrir sin gran ruido ni sobresaltos. La nominación de candidatos — una suerte de primarias— se realiza en los diferentes sectores y provincias que integran el Comité, que a su vez definen a los representantes que participarán con su voto. Todo parece afinado para que el proceso fluya hasta la formalización de la elección entre los postulantes. Una junta electoral organiza la votación, usualmente sin sorpresas.
Es un lugar común sostener que el Comité, así como toda la estructura de cooperativas y espacios de poder y recursos en Santa Cruz, están bajo control de una elite que difícilmente pondrá en riesgo su condición de privilegio. Por ello la elección del presidente y vicepresidentes del “gobierno moral de los cruceños” (sic) está reservada para quienes forman parte de dicha elite, con rotación entre logias. No debiera extrañar, por tanto, que esta “democracia” cívica esté asentada en exclusiones.
En el actual proceso, hace muchos días se sabía que Fernando Larach, hasta ahora primer vicepresidente del Comité, era el elegido para presidir la entidad. “Le tocaba”, por lo cual se operó en varias provincias su proclamación como candidato. La elite no contaba con la autoproclamación de un personaje ajeno y nada bienvenido, Reinerio Vargas, vicerrector de la Universidad. La junta electoral se encargó de inhabilitarlo. Así, el próximo sábado no habrá elección, sino formalización del candidato único.
Vargas y los suyos no dejan las lides sin ruido. Han denunciado de manera vehemente a la junta electoral por “manipulación y abuso”. Y califican su inhabilitación como “oscura, arbitraria e ilegítima”. Más todavía, plantean este escenario como una disputa entre los que “se creen dueños del Comité” y los cívicos provinciales que “se cansaron de ser usados”. Claro que Vargas, “candidato del pueblo”, en realidad ha mostrado ser un personaje opaco y maximalista, que busca ruptura en lugar de diálogo.
A reserva del desenlace anunciado en esta “elección”, queda en evidencia que las entidades cívicas, en general, son poco democráticas puertas adentro y tienen serios déficits de legitimidad. En el Comité pro Santa Cruz al menos hay tradición y estructura, y se mantienen las formas para la renovación de sus dirigencias. Ni hablemos de la conformación de otros comités cívicos que nadie elige y pretenden actuar y decidir en nombre de todos. La defensa de la democracia debe comenzar por casa.
