La reciente “sugerencia” del Procurador General del Estado al Ministerio Público en sentido de convocar en calidad de testigos a los jerarcas de la iglesia Católica ha añadido un elemento más de polémica al ya complejo proceso que se desarrolla bajo el título “Caso Golpe I”. En los hechos no hay citación, pero el tema ha dado qué hablar y los obispos se sienten perseguidos.
El Procurador, y exministro y abogado del expresidente Evo Morales, explicó que deberán brindar testimonio de los encuentros en la sede de la Universidad Católica Boliviana (UCB) los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, que los prelados sostuvieron con líderes políticos, además de representantes de partidos, de comités cívicos, y de misiones extranjeras que también asistieron.
Los jerarcas de la iglesia que en criterio de la autoridad de la Procuraduría deberían declarar, son el entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Ricardo Centellas; el ahora exsecretario general de la institución, Aurelio Pessoa; su entonces asistente y hoy rector de la UCB, José Fuentes; y el entonces obispo auxiliar de El Alto, Giovanni Arana.
Desde Sucre, el exarzobispo Jesús Juárez, empleando un lenguaje más propio de un dirigente político que de un sacerdote, llamó “cantaleta” al argumento del golpe, asegurando que en realidad lo que hubo fue un “fraude monumental”; también afirmó que las reuniones en la UCB se realizaron “a pedido de las partes”, pese a que las representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) declararon que no habían participado de la primera, cuando se invitó a la entonces senadora Jeanine Áñez a ocupar la presidencia.
Por su parte, en la única declaración que se conoce de los nombrados por el Procurador, el arzobispo de la Arquidiócesis de Sucre, Ricardo Centellas, dijo que en 2019 se actuó “como institución, pero fundamentalmente para facilitar el diálogo y que se pueda lograr en Bolivia la pacificación” y agregó que “cualquier pregunta responderemos de acuerdo a lo que hemos vivido en 2019”.
Mucho más reveladoras fueron las reacciones que la iniciativa provocó, especialmente en el partido oficialista, donde las ya conocidas pugnas también provocan criterios encontrados: mientras unos celebran la iniciativa, otros afirman que las declaraciones de los sacerdotes no añadirán nada nuevo, pues la posición de la Iglesia está contenida en un discutible informe sobre “la pacificación del país”, publicado en 2021.
De todo esto quedan más dudas que certezas: ¿qué buscaba el Procurador al proponer la polémica idea? ¿Qué pueden aportar los jerarcas de la Iglesia a la investigación, como no sea más argumentos en contra de la hipótesis de que hubo golpe? ¿Seguirá la Fiscalía el consejo? Mientras tanto, el tema alimenta las narrativas de los operadores mediáticos de la oposición y sobre todo permite que los aludidos se victimicen, pese a que, posiblemente, en el fondo de su corazón saben que tendrán que dar muchas explicaciones al Dios en el que creen.
