Como era previsible, la disputa política en torno a las próximas elecciones judiciales en el país se inició con desacuerdos sobre el reglamento para la preselección de postulantes. Una parte de la bancada del MAS-IPSP elaboró una propuesta. La oposición, siempre rezagada, anuncia contrapropuestas. Es el anticipo de un conflicto que puede dificultar y hasta bloquear el proceso.
La elección por votación popular de las altas autoridades judiciales, establecida en la Constitución Política del Estado, ha sido objeto de polémica desde su estreno en 2011. Tanto en esa ocasión, como en la siguiente en 2017, los votos blancos y nulos fueron mayoría. El problema radica no en las urnas mismas, sino en la fase previa de postulación en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Todo estaría dispuesto para beneficiar a personas afines y funcionales al oficialismo.
Uno de los factores críticos de este proceso, entonces, tiene que ver con la selección de postulantes y los requisitos establecidos para el efecto. El supuesto es que se deberían privilegiar los méritos, experiencia e idoneidad, y no depender de ningún tipo de avales, sean políticos, sean de poderes fácticos. El desafío, pues, es que los postulantes que vayan a la papeleta sean los mejor calificados. En ello es fundamental el reglamento y, en su caso, la participación de actores externos a la Asamblea.
Según la temporalidad establecida en esta nueva elección judicial, la votación popular está prevista para octubre. Ello implica que hasta mayo próximo la Asamblea debiera concluir el proceso de selección de postulantes a las cuatro entidades que renovarán sus máximas autoridades. Para ello se requiere una convocatoria pública, previa aprobación mayoritaria del reglamento correspondiente. La definición de los postulantes, en tanto, se hace por dos tercios de los asambleístas. No es nada fácil.
¿Dónde radica el núcleo del desencuentro entre oficialismo y oposición? Por una parte, en la definición y ponderación de los requisitos que deben acreditar las y los postulantes. Por otra, lo más importante, en la instancia encargada de la evaluación y selección. Si bien el mandato corresponde a la Asamblea, se discute si basta el acompañamiento y veeduría externa (de universidades, por ejemplo) o si debiera haber una comisión técnica especial a la cual se delegue el proceso. Cuestión de legitimidad.
Más allá de la intensa batalla por el reglamento, debiéramos exigir como sociedad que todo el recorrido hasta las urnas se realice con pleno apego a los principios de legalidad, participación y transparencia. Y, por supuesto, con el compromiso de todos los asambleístas de sumar voluntades y esfuerzos para garantizar una elección sin cuestionamientos ni vicios de origen. Una elección sin imposiciones ni vetos. Es un imperativo en el actual contexto de profunda crisis de la administración de justicia en el país.
