El rumor de quiebra o intervención de un banco, cuya oficina principal está en Santa Cruz de la Sierra, disparó alarmas en todo el país y el martes, durante una agitada jornada, miles de ahorristas intentaron, muchos sin éxito, retirar sus ahorros en una corrida que pudo causar la quiebra de la entidad. Es apenas el último de los casos de deliberada desinformación para causar zozobra.
Días antes, las oficinas del Banco Central de Bolivia se habían visto atestadas de personas tratando de comprar dólares como reacción a un insidioso rumor de que el país se había quedado sin reservas y la todavía no esclarecida actitud de instituciones financieras y casas de cambio que se rehusaban a vender la divisa a las personas que lo pidiesen. El resultado: millones de dólares en efectivo están en manos de personas que probablemente luego tengan que venderlos a un precio menor al que pagaron.
Asimismo, de manera episódica los habitantes de la capital cruceña reciben a través de sus redes sociales alarmantes mensajes que advierten de escasez de alimentos en los mercados o de combustible en las estaciones de servicio, con la consiguiente movilización hacia los centros de abasto, donde se activa la especulación, o las gasolineras, donde se forman interminables filas.
Mientras tanto, en la Gobernación de Santa Cruz reina la incertidumbre debido a que las autoridades del ala ejecutiva y los miembros del legislativo departamental llevan semanas desconociendo lo establecido en el Estatuto Autonómico (y ni hablar de la Constitución Política), en franca vulneración de una institucionalidad que, al menos en el discurso de los dirigentes y jefes políticos, es de vital importancia para el proyecto cruceñista.
Súmese a eso alarmantes denuncias sobre injerencia y manejos poco claros en el negocio del litio por parte de exautoridades, que lejos de investigarse se diluyen en medio de los ataques y contraataques de militantes oficialistas hoy divididos en dos bandos en apariencia irreconciliables y evidentemente incapaces de reconocer su deber histórico.
El efecto en estos casos, y muchos otros que no se mencionan aquí por falta de espacio, es una sistemática erosión de la confianza que pudiese tener la población en las instituciones (al principio solo las estatales y hoy también las privadas) y en las instancias de mediación, como por ejemplo los partidos políticos y sus dirigentes. Así, es difícil avizorar mejores días para el país.
Quienes ganan con este estado de cosas son, por una parte, comerciantes que especulan y medran en medio de la confusión y, sobre todo, agentes políticos que se benefician de tener a la población en un estado de crispación y reactividad muy próximo a la violencia. Mientras tanto, las autoridades de gobierno parecen sobrepasadas por las circunstancias e incapaces de actuar de manera proactiva o por lo menos oportuna. Hay, pues, motivos para preocuparse por el futuro inmediato.
