La decisión de una sala constitucional de suspender la preselección de postulantes para las elecciones judiciales generó nuevas disputas y sospechas sobre el proceso. En tanto, hay incertidumbre en torno a la iniciativa de reforma impulsada por un grupo de juristas. En el centro está un sistema de administración de justicia en crisis que se resiste tenazmente a su reforma.
Mientras avanzaba con lentitud y pocas luces la presentación de postulaciones para las nuevas elecciones judiciales, una acción de amparo constitucional paralizó el proceso. Ello implica que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe avanzar rápidamente en la elaboración de un nuevo reglamento y la redefinición de plazos. Se tendrá que mover también el calendario electoral para la votación popular, que ahora podría ser en noviembre. Como sea, tanto la Asamblea como el TSE garantizan la elección.
La acción que deja en suspenso la fase de preselección ha provocado un renovado debate entre el oficialismo y la oposición. Así, mientras los voceros del MASIPSP en la Asamblea anticipan que harán los ajustes que sean necesarios para reencaminar el proceso, voces opositoras ven una suerte de complot para dar más tiempo a los postulantes afines al Gobierno y, en su versión extrema, para frenar la elección y viabilizar interinatos por decreto. La especulación y la disputa política dan para todo.
A su vez, la iniciativa popular para un referéndum de reforma constitucional parece haber tropezado con obstáculos insalvables. Así lo manifiesta el grupo de juristas, la mayoría de oposición, que busca cumplir el requisito de conseguir un millón y medio de firmas para convocar a la consulta. Una sala constitucional dejó firme el reglamento del TSE que, desde hace una década (como lo saben los juristas), dispone la entrega de los libros de adhesión y también el registro de datos en medio óptico.
Más allá del debate sobre lo que implica, en tiempo y recursos humanos y económicos, transcribir los datos de adherentes en un sistema informático, lo cierto es que, a solo 10 días del cumplimiento del plazo establecido por ley, los promotores informaron que “están bordeando el millón de firmas”. Así, es probable que hasta el 23 de abril no cumplan la meta, a reserva de que hoy domingo, en el Día Nacional por la Justicia, haya una masiva concurrencia en todo el país para la firma de libros.
Mientras las elecciones judiciales están en suspenso (y hasta en duda) y la iniciativa de reforma navega en la incertidumbre (también en duda), persiste la crisis de un sistema de administración de justicia cada vez más cuestionado. Y si bien una amplia mayoría de la población afirma la necesidad de un cambio estructural, se muestra escéptica sobre su viabilidad (al menos en el corto plazo). En tales condiciones, este 2023, que podía mejorar el sistema judicial, quizás termine en procesos interrumpidos.
