La malograda iniciativa de un grupo de juristas para la convocatoria a un referéndum de reforma constitucional y las crecientes trabas a las elecciones judiciales de fin de año están dejando sin rumbo a una justicia en situación de crisis profunda. Ello es muy riesgoso no solo para la institucionalidad y el Estado de Derecho, sino también para la convivencia en democracia.
Con gran expectativa y mucho ruido, el año pasado un grupo de juristas de trayectoria lanzó una iniciativa para reformar la justicia mediante una consulta que sería convocada por iniciativa popular. Luego de varios meses preparatorios y la aprobación de las preguntas, se desarrolló la fase de recolección de firmas. Aunque tres semanas antes de cumplirse el plazo de 90 días anunciaron que estaban “bordeando el millón”, al final apenas consiguieron 834.000 adherentes. Se necesitaba un millón y medio.
Quienes apostaron por un camino de reforma en declarada contraposición a los órganos del Estado no lograron su propósito, pese a la activa participación de todos los actores de oposición del país. Se cerró así una importante oportunidad para debatir y acaso cambiar temas sustantivos sobre la crisis y fallas estructurales del sistema de administración de justicia. Se clausuró también, al menos por ahora, la posibilidad de modificar la forma de elección de las altas autoridades judiciales.
A propósito de las elecciones judiciales previstas para noviembre de este año, continúa la incertidumbre acerca de su realización. Superada una acción legal contra la convocatoria y el reglamento aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ahora el TCP admitió una acción abstracta de inconstitucionalidad, dejando nuevamente en suspenso el proceso de postulación. Esta parálisis sin fecha es inquietante, pues arriesga la renovación de los altos tribunales del país, incluido el Constitucional.
Las trabas a la elección popular de magistrados se iniciaron desde la convocatoria misma. El oficialismo no tuvo la voluntad para lograr un acuerdo con la oposición a fin de encaminar el proceso. Y las bancadas opositoras, siempre en lógica maximalista, anticiparon su veto a los dos tercios requeridos para la preselección de postulantes. Así, aunque se allanen los curiosos recursos jurídicos para frenar la elección, seguirán ahí los condicionamientos políticos. El escenario es incierto.
Como habíamos advertido en este espacio, los procesos para avanzar en un cambio estructural de la justicia están siendo interrumpidos. La iniciativa de reforma de los juristas, más allá de lo simbólico, ya no cuenta. Y la elección de autoridades judiciales puede naufragar antes de llegar a las urnas. ¿Qué salidas quedan? Pareciera que muy pocas y circunstanciales. Ninguna buena. Se continúa así debilitando la institucionalidad en el país, en especial de una administración de justicia en la que casi nadie cree.
