La noticia de un cargamento de casi media tonelada de cocaína incautado en Madrid, España, en febrero de este año, ha puesto al gobierno en medio de un nuevo escándalo cuyos contornos otra vez echan sombra sobre la eficacia de las tareas de interdicción al narcotráfico y, de paso, enlodan a otras instituciones como Boliviana de Aviación (BoA) y la Aduana Nacional.
De la sucesión de conferencias de prensa, brindadas entre el viernes y ayer, queda la inevitable idea de que todas las autoridades, que sin estar involucradas tienen evidente responsabilidad en el caso, tratan de lavarse las manos y atribuir a los demás la culpa que hubiera por el hecho de que semejante cantidad de droga hubiese salido del país, pese a los muchos sistemas de control y vigilancia que, supuestamente, funcionan en el aeropuerto internacional de Viru Viru.
También llama poderosamente la atención el hecho que el hallazgo del cargamento, a su arribo a España el 12 de febrero, recién se haya conocido en Bolivia el 30 de mayo y que la actuación del Ministerio Público en el caso haya comenzado una semana después de conocida la noticia. Cabe, pues, preguntarse qué tanta evidencia del crimen puede recolectarse casi tres meses después.
Abonan al estado de desconcierto y desconfianza las contradicciones de las autoridades y otras fuentes oficiosas que brindan información sobre el extraño caso. Por una parte, el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), quien primero dijo haber conocido el caso en febrero, y los detalles en marzo, para luego, en un comunicado, desdecirse, culpar a los periodistas de haberlo malinterpretado y finalmente reconocer que se trató de un “lapsus linguae”. Al final, es poco claro cómo fue posible que media tonelada de cocaína haya pasado por debajo de sus narices.
Por otra parte, ya no se sabe si los videos de vigilancia existen o no (al menos dos personas dijeron haber grabado con sus teléfonos móviles las imágenes de la pantalla), pues por un lado la presidenta de Aduana dijo tenerlas, pero luego se informó que estas habían sido borradas porque luego de un tiempo los discos donde se registran los archivos se sobrescriben.
Mientras tanto, hay siete personas detenidas, dos autoridades destituidas (el jefe del aeropuerto y el de la aerolínea en Santa Cruz), se ha cambiado a todo el personal policial en la terminal aérea cruceña, y se tiene una creciente ola de declaraciones de portavoces de la oposición que medran de la falta de transparencia del Gobierno, en este y otros casos, confirmando de un modo u otro los extendidos prejuicios antigubernamentales.
El narco es una amenaza para la sociedad, el Estado y la gobernabilidad de cualquier país. La falta de claridad en su interdicción, incluso cuando se incautan y destruyen fábricas de droga como sucedió hace pocos días, le hace un gran daño al país y no solo a quienes se manchan las manos con ese crimen.
