El país está atento a las decisiones y acuerdos en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la impostergable convocatoria a las Elecciones judiciales 2023. Claro que no basta llamar a las urnas: es fundamental garantizar unas elecciones con integridad. Ello implica respetar los procedimientos, fases y plazos técnicos del proceso. No es “votar como sea”.
Un juzgado y el Tribunal Constitucional Plurinacional se tomaron más de cuatro meses en resolver demandas contra el reglamento y la convocatoria para la elección de las altas autoridades judiciales. Así, paralizaron el proceso desde el 27 de marzo hasta el 31 de julio pasado. Y dejaron apenas 30 días de tiempo para que la ALP realice todo el proceso de selección de postulantes, previa aprobación por dos tercios de una nueva ley de convocatoria. Es un exceso y una falta de respeto al órgano legislativo.
En la misma lógica, como los días no alcanzan, ahora surgen voces irresponsables que demandan al Tribunal Supremo Electoral la organización de las elecciones en 60 días, en lugar de los 90 días mínimos establecidos en la legislación. Esta apuesta por hacer la elección como sea no es una salida, sino un pésimo atajo. Y no es un problema de “voluntad política”, como dijo con desparpajo el viceministro de Gestión gubernamental. Se trata de respetar plazos legales y, en especial, cuidar plazos técnicos.
A estas alturas, es evidente que el proceso de elección está tan rezagado que el país no tendrá nuevas autoridades judiciales electas para su posesión el próximo 3 de enero. Habrá que pensar en cómo se gestiona ese terrible vacío. En el mejor escenario, esto es, que mañana se logre el gran acuerdo político requerido para aprobar en la semana la nueva ley de convocatoria, no se pueden comprimir en dos semanas todas las etapas previstas en la preselección de postulantes. Ni se pueden “obviar” etapas.
Para un proceso electoral con integridad como el que demanda el país, la fase de preselección en la ALP debe hacerse con plazos razonables para la recepción de postulaciones, verificación de requisitos, impugnaciones, evaluación de méritos (incluidas entrevistas) y la decisión misma en el pleno, por dos tercios. A su vez, la elección popular por cuenta del TSE debe garantizar el trabajo logístico, un tiempo mínimo para el empadronamiento y la más amplia difusión de méritos de las y los postulantes.
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Así como sería deplorable que la mezquindad e intereses de los actores judiciales y políticos embarguen sin fecha las elecciones, resulta inaceptable la sola posibilidad de un proceso atropellado y fallido. A reserva de la necesaria reforma integral de un sistema de administración de justicia en crisis, lo mínimo que debemos exigir es que la elección popular de las autoridades del Órgano Judicial y del TCP se realice con integridad, garantice condiciones de participación y provea legitimidad de origen.
