Un 19 de noviembre, como hoy, hace cuatro años, se produjo la masacre de Senkata. Pocos días antes tuvo lugar otra masacre, en Sacaba. Con estas masacres se estrenó el régimen provisorio de Áñez. Al amparo de un decreto, fuerzas combinadas dispararon a matar, realizaron ejecuciones sumarias, torturaron a población civil. Esos crímenes de Estado continúan en la impunidad.
Diferentes informes documentados, como el de la Defensoría del Pueblo y, en especial, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, certificaron que en noviembre de 2019 se ejecutaron dos masacres en Bolivia. Así quedaron sin sustento los groseros intentos de ministros del régimen y de sus operadores mediáticos que buscaban instalar narrativas insostenibles como “se dispararon entre ellos” (sic), “ni una sola bala salió del Ejército”, “iban a hacer volar la planta de gas”. Fueron masacres.
Cuatro años después, los responsables de dichas masacres, esto es, quienes las ordenaron, las avalaron, las comandaron y las ejecutaron, siguen en la impunidad. El camino inicial y correcto de un juicio de responsabilidades contra la autoproclamada presidenta Áñez, su gabinete y los altos mandos militares y policiales quedó engavetado en la Asamblea Legislativa por falta de voluntad política, en especial por el veto a los dos tercios por parte de las bancadas opositoras. La lista de espera de juicios de responsabilidades es larga.
Y ahora resulta que el camino de enjuiciamiento por las masacres en la justicia ordinaria también está “suspendido”, luego de que dos tribunales de sentencia se declararon incompetentes para juzgar a Áñez. A reserva de los recursos de enmienda y apelación planteados por el Gobierno y de las acciones que pueda realizar la Procuraduría General del Estado, lo evidente es que no hay verdad, ni justicia, ni reparación para las víctimas. Sin olvidar que la Fiscalía no actuó cuando se produjeron las masacres.
Resulta inaceptable, sin matices ni atenuantes ni excusas como la supuesta “pacificación”, que en democracia se produzcan masacres (aunque en este caso se trató más bien de un gobierno de facto). Y es inadmisible que cuatro años después los responsables no hayan sido juzgados y, en lo que corresponde, sancionados con rigor y en un debido proceso. La garantía de no repetición, el imperativo de ¡Nunca más una masacre en democracia!, la convivencia sin fracturas, dependen de que no haya impunidad.
Ojalá que no pasen otros cuatro años, o más, para juzgar y castigar el asesinato de veinte compatriotas, además de decenas de heridos y torturados, y centenas de presos. Ojalá nunca más hayan “decretos de la muerte” que eximan de responsabilidad penal a uniformados que disparan a matar. Ojalá ningún diario vuelva a titular “fuego cruzado” donde hubo masacre. Ojalá ningún veto o chicana se impongan. Ojalá que, en fin, más temprano que tarde, haya verdad y justicia. Con impunidad no hay democracia.
